La derogación de los aspectos más lesivos para los trabajadores de la reforma laboral pasa por los equilibrios en el Congreso de los Diputados y febrero será el mes en el que algunos se ellos pueden desencallarse. Así lo esperan tanto desde el PSOE como del PDECat, según afirmaron a este diario las dos fuerzas políticas entre las que se están moviendo actualmente las negociaciones. Desde el grupo parlamentario socialista se descarta volver a la casilla de un documento único aprobado vía real decreto que posteriormente valide el Congreso. Y si por ese camino el Gobierno espera sumar a los partidos de la moción de censura, también corre el riesgo de distanciarse de los sindicatos.

El episodio vivido esta semana con el real decreto del alquiler pesa, al no incorporar medidas como la capacidad de los ayuntamientos de fijar precios máximos, provocó el rechazo de Unidos Podemos. Para evitar quedarse sin mayorías, la vía por la que apuestan desde el grupo parlamentario del PSOE es derogar medida a medida. Tanto fuentes socialistas como del PDECat quieren devolver la prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa y reformar la subcontratación para que impere el convenio propio de la actividad. «Sería bueno que en febrero pudiera empezar el trámite parlamentario», sostienen los posconvergentes.

Los plazos pueden ser un problema. Fuentes del PSOE reconocen que, dadas las comparecencias extraordinarias previstas en la Cámara Baja la semana próxima, hasta la primera semana de febrero no podrán constituirse comisiones de trabajo que aborden las cuestiones clave de la reforma laboral.

EL TIEMPO APREMIA / CCOO y UGT celebrarán en Madrid el 8 de febrero una manifestación de 10.000 delegados sindicales para presionar al Ejecutivo. Las centrales insisten en que el Gobierno apruebe vía real decreto lo preacordado con ellos, y sin la patronal, en las Mesas de Diálogo Social. Un planteamiento compartido desde Unidos Podemos y ERC.

Pero desde el Partido Socialista explican que ahora mismo su estrategia es buscar los apoyos parlamentarios para modificar aquellos aspectos que generan más consenso y, una vez cerrados en el Congreso, llevarlos de vuelta a las Mesas de Diálogo Social para que sindicatos y patronales les dieran el visto bueno. «Si es así habrá lío», afirma un dirigente sindical.