La Comisión del Pacto de Toledo recomendará la prolongación de la vida laboral más allá de la actual edad legal de jubilación de 65 años, sin que figure ni esta cifra ni los 67 años que propuso el Gobierno en su documento de enero de este año. Tampoco aparecerá expresamente que este alargamiento será voluntario, pero se desprenderá del conjunto de la redacción del informe. Asimismo, se ampliará el periodo para el cálculo de la prestación --el mínimo actual es de 15 años cotizados--, pero sin concretar si será hasta 25 o se computará toda la vida laboral.
A falta de conocer el texto definitivo, los portavoces del PSOE, Isabel López Chamosa; PP, Tomás Burgos; y CiU, Carles Campuzano, solo pudieron, en las sucesivas ruedas de prensa celebradas anoche, aproximarse a cómo quedará la recomendación número 11 de las 15 o 16 que aprobará la comisión.
Las exigencias de PP y de CiU fueron que no se establezca la obligatoriedad de aumentar la edad de jubilación sino que, por el contrario, esta se vaya haciendo efectiva con un conjunto de incentivos y bonificaciones.
En todo caso, Campuzano reconoció el "esfuerzo" hecho por el PSOE para tener en cuenta que hay razones de ahorro, demográficas y de equidad, en la reforma del sistema. "El Gobierno no puede obviar que todos nos oponemos a alargar la edad de jubilación", afirmó el portavoz del grupo catalán.
"La edad de jubilación es un obstáculo" para el acuerdo, dijo el portavoz del PP. Por tanto, el PSOE prefirió eludir el problema y dar el visto bueno a una redacción que destaque que "se incentivará el alargamiento del trabajo más allá de la edad legal actual por razones demográficas", según las palabras de Isabel López Chamosa.
Ninguno de los portavoces se arriesgó a avanzar qué pasará si el Gobierno, en el proyecto de ley que aprobará el 28 de enero, fija la jubilación en 67 años.
La inconcreción que se impondrá en el texto fue el detonante para que la izquierda minoritaria se descolgase. "La ambigüedad de la recomendación le sirve al Gobierno de parapeto para imponer su ley", acusó Gaspar Llamazares. IU-ICV, BNG y ERC eran partidarios de que figurase al menos que la edad legal de jubilación actual es de 65 años. "A partir de ahí, aceptamos toda la flexibilidad que se quiera".
Llamazares anunció un voto particular a la recomendación de ampliar el cómputo del periodo cotizado para calcular la prestación. "No se dice cuántos de cotización se necesitan para calcular la pensión", dijo el portavoz.
El acuerdo parlamentario coincidió ayer con el inicio de un calendario de movilizaciones sindicales en toda España en contra de la reforma de las pensiones. Los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, advirtieron de que la convocatoria de otra huelga general, antes de la aprobación de la reforma el 28 de enero, dependerá del Gobierno. Toxo y Méndez pidieron a los partidos y al Ejecutivo claridad en sus propuestas sobre la edad de jubilación. La única fórmula que aceptan es una prolongación voluntaria de la vida laboral.
