Ya hay reforma laboral exprés. En 48 horas, como estaba previsto, y con bastante caos organizativo, el nuevo marco de relaciones laborales que define un despido más barato obtuvo la luz verde en la comisión de trabajo del Congreso con el único voto favorable del PSOE, la abstención de CiU y PNV y el voto en contra de PP, IU-IC-ERC y Grupo Mixto. Es la única ley de trascendencia sociolaboral que no se vota en el pleno de la Cámara, ya que la comisión de trabajo tenía competencia legislativa.

Una nueva definición de las causas de despido, que no rebaja el efecto negativo de las conocidas el martes, fue pactada a la hora de comer entre socialistas y nacionalistas vascos, y es la pieza más llamativa de la ley, que será aprobada definitivamente --ahora inicia trámite en el Senado-- el próximo día 9 de septiembre, 20 días antes de la huelga general convocada por CCOO y UGT.

Junto a las causas de rescisión de contrato por razones econó- micas, que conlleva una indemnización de 20 días por año, la nueva ley precisa medidas contra el absentismo laboral y obliga al Gobierno --gracias a dos enmiendas de CiU-- a regular dentro de seis meses la negociación colectiva si no hay acuerdo entre sindicatos y empresarios, y a reformar el sistema de prestaciones por desempleo cuando se supere la crisis económica. Todas estas medidas van más allá de los "retoques técnicos" que, según el Ministerio de Trabajo, iban a aprobar las Cortes.

ESCASO ENTUSIASMO El resultado de la votación muestra el escaso entusiasmo que despierta entre las fuerzas políticas parlamentarias el marco de relaciones laborales de España que, según dijo en su día el presidente Zapatero, afectará a las futuras generaciones.

Solo el grupo de IU-IC-ERC mantuvo de palabra y en el voto, su oposición a la reforma, que "sigue abaratando y abusando del despido", según Gaspar Llamazares. El diputado de ERC Joan Tardà puso el foco en las nuevas alianza del Ejecutivo. Tardà se refería a CiU y PNV, los grupos con los que ahora el Ejecutivo espera tejer una red de acuerdos para agotar al máximo la legislatura. Pero ni siquiera sus portavoces Carles Campuzano y Emilio Olabarría pronunciaron una palabra de apoyo al PSOE, pese a que le ayudaron a aprobar el núcleo de la ley.

EL COSTE DE CIU "Estábamos dispuestos a asumir el coste político de esta reforma y acompañar al Gobierno", dijo Campuzano, que rechazó votar en contra para no crear "más incertidumbre fuera de esta Cámara".

"Es metafísicamente imposible mantener la equidistancia entre empresarios y sindicatos", se justificó el peneuvista Olabarría. Pese a cumplir su papel de bisagra, Olabarría lamentó el caos de una negociación política paralela al debate en la comisión, suspendida en dos ocasiones para buscar el acuerdo.

Aunque la sesión fue en ocasiones surrealista, el PSOE se mostró muy agradecido con CiU y PNV. "Unos se toman en serio el trabajo, mientras que a otros no les interesa el futuro", dijo el portavoz socialista Jesús Membrado, en referencia al PP.

MEJORAS En su opinión, el decreto que aprobó el Gobierno tras el fracaso de la negociación con los agentes sociales --y que está en vigor-- "sale mejorado", porque ha "rellenado lagunas" y en algunos aspectos cuenta con más apoyos.

Pese al papel de las fuerzas bisagra, los dos partidos mayoritarios protagonizaron el duelo verbal. El popular José Ignacio Echá- niz tachó al PSOE de "irresponsable" por aprobar una reforma laboral sin apoyo de empresarios, sindicatos ni partidos políticos. Y tachó la estrategia socialista de transaccionar con todos como "guiso incomestible".