El Gobierno da luz verde al nuevo impuesto de transacciones financieras, conocido como tasa Tobin.
¿Qué es?
La tasa Tobin es un impuesto sobre las transacciones financieras, ya sea compraventa de acciones o derivados financieros, para evitar movimientos especulativos. El origen del nuevo gravamen proviene de 1971, cuando esta tasa con el nombre del Nobel de Economía solo gravaba los movimientos especulativos de divisas.
¿Cómo funciona?
Solamente se someterán a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto. Quedan fuera del ámbito de la 'tasa Tobin' la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. En concreto, entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen se encuentran las operaciones del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.
¿Para qué?
La propuesta, promovida desde Alemania y Francia, trata de reducir el riesgo de los mercados financieros y, al mismo tiempo, obtener más ingresos para las arcas públicas
¿Recaudación?
El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó hace un año que la recaudación de ambos impuestos será muy inferior a lo calculado por el Gobierno, ya que prevé unos ingresos por la 'tasa Google' de entre 546 y 968 millones de euros, por debajo de los 1.200 previstos por el Ejecutivo, mientras que por la 'tasa Tobin' espera entre 420 y 850 millones, importe también inferior a lo estimado por el Gobierno, que contempla unos 850 millones.
