El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha solicitado el archivo parcial de la investigación sobre su patrimonio porque, afirma, se basa en hechos falsos, se le atribuye la propiedad de una empresa que no era suya y se le acusa de un supuesto delito fiscal que de haberse cometido ya estaría prescrito.
Además de todo esto, el exministro de Economía advierte a la Audiencia Provincial de Madrid de que la nueva pieza separada sobre la empresa COR, abierta en abril por el instructor del caso, surge a raíz de documentación incautada de forma ilegal durante el registro de su despacho. Según la defensa, la ONIF, la Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, se extralimitó durante el registro del domicilio y el despacho de Rato en abril del 2015.
PRUEBAS CUESTIONADAS
Por esta razón, la documentación incautada de más "adolece de un vicio de nulidad radical y, por tanto, es inútil como prueba", aduce la defensa.
"Llama poderosamente la atención que el encargado de controlar, limitar y velar por la adecuación de la actividad no haya tomado medida alguna", reza el escrito sobre el juez, quien "acuerda la investigación de unos hechos de los que se ha tenido conocimiento en base a la documentación obtenida de manera ilícita".
Además, señala a la ONIF por usar una "técnica falsaria" que "de manera fantasiosa y sin ninguna justificación" cuestiona servicios publicitarios prestados por COR Comunicación a Endesa y Banco Santander y Caixabank, y rechaza que todo beneficio de la empresa superior al 10% sea una renta de Rato "cuando no existe ni una sola cantidad que haya recibido nunca".
