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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

A rebufo de los votos

El Gobierno podría aprobar la derogación parcial de algunos aspectos de la reforma laboral en el último Consejo de Ministros de la legislatura

 

GABRIEL UBIETO
20/02/2019

Los sindicatos no renuncian a intentar exprimirle al PSOE en lo que queda de legislatura algunas de las promesas laborales que, entre otras, le llevaron al Gobierno. Aprietan para arrancarle a la lógica electoral lo que hasta ahora la misma lógica electoral les ha venido negando: la derogación de algunos de los aspectos más lesivos para los trabajadores de la reforma laboral del PP. Y el Ejecutivo parece dispuesto a ello. En un acelerón de los tiempos, el Ministerio de Trabajo ha convocado reuniones con CCOO, UGT y CEOE para finales de esta semana. La secretaria de Estado, Yolanda Valdeolivas, recordó ayer que ya existen documentos al respecto y la suma de variables apunta hacia el último Consejo de Ministros de la legislatura.

Durante los nueve meses que ha durado el mandato de Pedro Sánchez ha habido una queja que se ha ido repitiendo de puertas a adentro en boca de varios dirigentes sindicales: «El Gobierno tiene demasiado en cuenta el titular». El caso de la subida del salario mínimo a 900 euros es un ejemplo de ello. No es que las centrales estuvieran en contra, pero el Ejecutivo no la negoció con ellos. «Demasiadas veces hemos tenido que salir a valorar anuncios de los que apenas conocíamos los detalles», afirma un dirigente sindical.

Otras medidas

Es esa misma lógica electoral la que puede acabar desencallando varias de las medidas que han quedado empantanadas en las Mesas de Diálogo Social durante la presidencia de Sánchez: la obligatoriedad del registro horario, la recuperación de la ultraactividad, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la reforma de la subcontratación.

A finales de semana hay convocadas Mesas de Diálogo Social con sindicatos y patronales, según confirman fuentes de Trabajo. Las centrales esperan que sea entonces cuando les presenten el documento que dará forma al decreto ley que, por tiempos y cargado de simbolismo, podría aprobarse el 1 de marzo, en el último Consejo de Ministros de la legislatura. Luego debería ser ya la Diputación permanente quien aceptara o vetara durante los próximos 30 días la reforma. «Que cada partido se retrate y la gente sepa quién defiende los intereses de los trabajadores y quién no a la hora de votar», afirman fuentes de los sindicatos.

El principal escollo hasta ahora ha sido el veto de la patronal CEOE y, con él, la reticencia de grupos parlamentarios como el PDECat a votar en el Congreso un proyecto de ley que no tuviera su beneplácito. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, dijo ayer en Antena 3: el Gobierno debería tener la «decencia» de no legislar antes de las elecciones. Fuentes del PDECat, con quien el PSOE lleva meses preparando la contrarreforma, declaran que «si el texto del real decreto se corresponde con lo que hemos ido negociando, no tendremos ningún problema en votar a favor».

Los socialistas no han querido forzar hasta ahora la máquina vía real decreto, ante la posibilidad, como pasó en la reforma de los alquileres, de que la decisión del Consejo de Ministros muriera en la Cámara baja. Fuentes de Unidos Podemos afirman que trasladaron el 8 de febrero, el mismo día que CCOO y UGT se conjuraron con 10.000 delegados en Madrid, su propuesta de contrarreforma al equipo de la ministra de Trabajo. «Todavía no hemos recibido respuesta, aunque si mañana nos llaman todavía llegamos a tiempo», dicen los morados.