La revisión de los contratos de obras por incrementos extraordinarios de precios de materias básicas la avalan varias sentencias del Supremo a favor de constructores frente a la negativa de la Administración. Pero los contratistas quieren evitar el paso por los tribunales porque es un proceso farragoso y lento. Así, una demanda de revisión de precios de 1984 no logró el fallo favorable del Tribunal Supremo hasta 1991.
