El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, informará hoy al resto del Gobierno sobre el plan de choque para recolocar a los parados de la construcción, sector que se ha visto afectado por la desaceleración del sector inmobiliario residencial. En el borrador de decreto explica que será necesario un gasto de entre 200 y 300 millones para realizar la iniciativa.
El Consejo de Ministros no aprobará aún ninguna medida porque prefiere esperar a saber quién ganará las elecciones y quiere establecer un diálogo más extenso con agentes sociales y autonomías. No será necesaria ninguna reforma legislativa, sino la reactivación de algunos servicios que hoy no se llevan a cabo en las oficinas públicas de colocación y la aportación de los fondos para ponerlos en marcha. Aunque el plan se enmarca en las políticas activas de empleo existentes, destacan dos nuevas medidas; la contratación de 1.500 orientadores que deberán ayudar a encontrar un nuevo empleo a estos parados y los planes de formación con garantía de inserción laboral. El plan contempla la distribución de estos fondos finalistas entre las autonomías, que serán las que seleccionen a estos orientadores.
Trabajo ya ha hecho una primera prospección de posibles puestos de trabajo con algunas organizaciones empresariales y ha hallado algunas vacantes.
RECICLAJE Pero el problema es que estos desempleados necesitarán un reciclaje a través de programas de formación específica. Por eso, el plan permite a las oficinas de colocación de cada autonomía financiar planes de formación en las empresas que piden mano de obra. A cambio, la compañía se comprometerá a contratar un porcentaje mínimo (un 60%) de los parados que aprueben los cursos.
Además el plan prevé subvencionar el alquiler de vivienda, la guardería, el transporte y la mudanza a los parados que acepten trasladarse a otra población para aceptar una oferta de trabajo.
