En el 2000, la Audiencia Nacional dio la razón a los sindicatos, que recurrieron la congelación salarial decidida por el Ejecutivo presidido por José María Aznar en 1996. El tribunal declaró, por lo tanto, el derecho de los funcionarios a tener una subida salarial.
En el 2002, el Tribunal Supremo respaldó al Gobierno del Partido Popular, que se ahorró el pago de unos 3.000 millones de euros.
