La reforma de las pensiones obligaría a alrededor del 36% de los empleados a seguir trabajando más allá de los 65 años y a sufrir un recorte en la paga. Si se hubiera aplicado en el 2009 la exigencia de haber cotizado 41 años para cobrar la pensión a los 65 años, unas 100.000 personas quedarían excluidas de la "flexibilidad" que ofrece el Ejecutivo. Los expertos advierten de que entre los perjudicados predominarán las mujeres y los que ahora son jóvenes, por sus dificultades para tener carreras largas.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, el 64% de los 271.661 trabajadores que se jubilaron el año pasado tenían 35 años de cotización, o incluso más. La siguiente franja en importancia es la de 31 a 34 años, con casi un 10% de los jubilados. En el caso de los asalariados, el porcentaje de los que llegan a 35 años trabajados llega al 72%.
La imposibilidad de sumar 37 años cotizados, en lugar de los 35 exigidos ahora, supone también la imposibilidad de cobrar el 100% de la base reguladora.
Los líderes sindicales han contestado al Gobierno que su oferta de flexibilidad para permitir algunas excepciones a la jubilación a los 67 años es insuficiente ahora y, especialmente, en las próximas décadas, cuando intenten acceder a la pensión las mujeres y los jóvenes.
MAS EFECTO EN MENORES DE 40 La mayoría de los expertos consultados coinciden en ese diagnóstico. Para Joan Antoni Alujas, profesor de la Universidad de Barcelona, "la propuesta de permitir la jubilación a los 65 años con 41 años cotizados tiene dos caras. Por un lado, es una medida para asegurar más ingresos al sistema, pero haría imposible que un número creciente de trabajadores se jubilara a los 65 años". Los principales afectados serían, según Alujas, "los que hoy tienen menos de 40 años, que empiezan a trabajar más tarde, sufren más el paro y la precariedad y difícilmente habrán podido cotizar 37 o 41 años".
Alfred Pastor, profesor de IESE, apoya el retraso de la jubilación, pero alerta de que la reforma planteada puede penalizar a los trabajadores más formados, que empiezan a trabajar más tarde aunque las cotizaciones pagadas sean más elevadas.
Las excepciones al retraso de la jubilación, "una clara necesidad" para Salvador del Rey, catedrático de Esade y socio del bufete de abogados Cuatrecasas, son posibles "siempre y cuando no repercutan negativamente en la solvencia del sistema".
En cambio, Jesús Cruz Villalón, catedrático de la Universidad de Sevilla, cree que la exigencia de más años trabajados puede ser "un fuerte incentivo para cotizar a lo largo de toda la vida laboral", aunque habrá que "garantizar que puedan cotizar quienes habitualmente comienzan como becarios y establecer reglas de excepción para quienes muestran carreras profesionales irregulares", sobre todo mujeres.
Según Joan Coscubiela, profesor de la facultad de Derecho de Esade, "la supuesta flexibilidad que ofrece el Gobierno segrega mucho a los trabajadores y es incongruente con la reforma del mercado de trabajo", que impulsa una precariedad laboral que dificulta tener carreras largas.
