La historia del sector energético español está sembrada de ejemplos de intervencionismo. El más reciente es el decreto ley que aumenta las facultades de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de modo que pueda autorizar o vetar la oferta de compra de E.ON sobre Endesa. Hasta ahora, la CNE no tenía facultad para examinar las operaciones de concentración formuladas por una empresa extranjera.
Pero no es el único caso. En la etapa del PP, el vicepresidente Rodrigo Rato impulsó la privatización de las empresas públicas y la liberalización del sector, pero también aprobó normas ad hoc, por y para una empresa concreta. En una ocasión, se legisló contra la empresa pública de energía de Francia EdF. Otras veces, salieron ganando compañías como el SCH o Repsol. Hoy, la legalidad de algunas de estas normas es objeto de controversia en los tribunales.
NORMATIVA ANTI-EDF Cuando la eléctrica pública francesa, EdF, trató de entrar en Hidrocantábrico, el Gobierno impulsó la ley anti-EdF . En la ley de acompañamiento a los presupuestos del 2000 se introdujo la famosa disposición adicional 27, que concedió al Gobierno la facultad de impedir que una empresa pública extranjera controlase más del 3% de una energética española.
Seis años y medio después, el pasado 4 de abril, la Comisión Europea llevó ante el Tribunal de Justicia la ley Rato, por entender que constituye una restricción injustificada a la libre circulación de capitales. Precisamente, la norma cuestionada ha sido evocada por el Gobierno actual como uno de los instrumentos legales que podía utilizar para vetar la compra de Endesa por parte de la alemana E.ON.
Hay otras dos leyes ad hoc de la era Rato que están de actualidad. En la ley de transparencia de las sociedades cotizadas de julio del 2003 se introdujo a última hora una disposición transitoria --la tercera-- que ponía fin al secreto de los pactos parasociales de las compañías. Esta norma, que se justificó en la defensa de los pequeños accionistas, fue aprovechada para declarar ineficaces los pactos contraídos después de 1988 que otorgaran a los participantes más del 25% de los derechos de voto sin que ninguno hubiera lanzado una OPA.
EL SCH SE BENEFICIA Dos meses después se vio quién sacó partido. El Santander dio por anulado su pacto con Total como accionistas de Cepsa (juntos controlaban el 33,23% de la petrolera). El SCH lanzó una OPA sobre el 16% de Cepsa con enfado de Total, que denunció al banco. El Instituto de Arbitraje holandés emitió un laudo el día 3 que da la razón a Botín sobre la ineficacia del pacto parasocial.
También le acusa de actuar de mala fe y le obliga a vender a Total un paquete accionarial del 4,35% de Cepsa a precio de saldo. En marzo del 2003, momentos antes, durante y después de la OPA sorpresa de Gas Natural sobre Iberdrola, Rato impulsó una reforma de la normativa sobre las OPA a la medida de Repsol. El decreto en cuestión excluye de lanzar una OPA, aunque se sobrepase el 25% del capital, cuando la compañía compradora cumpla cinco requisitos que, en el momento de la redacción del decreto, sólo cumplía Repsol en el accionariado de Gas Natural. Debía existir una declaración de control conjunto con otra entidad (Repsol y La Caixa lo tenían sobre Gas Natural); antes de la compra, los dos socios debían controlar más del 50% (La Caixa tenía el 31% y Repsol, el 24%); en el pasado, la oferente debía haber superado el 25% del capital (Repsol había tenido el 47,04%) y el incremento de la participación debía ser inferior al 6% anual. Todo estaba diseñado para que Repsol pudiera equiparar su presencia en Gas Natural con La Caixa sin una OPA.
Precisamente, el PP recurre hoy ante el Tribunal Constitucional el decreto ley que amplía las competencias de la CNE. Para los populares, la normativa va en contra del mercado único europeo y tiene como objetivo frenar la OPA de E.ON sobre Endesa.
