Las grandes empresas del Ibex tendrán que rascarse el bolsillo con la reforma fiscal del Impuesto de Sociedades que ha diseñado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro para cumplir con el déficit que exige Bruselas. En el decreto aprobado el pasado 3 de diciembre y con efectos desde el 1 de enero del 2016, Hacienda asestó un duro golpe a la fiscalidad de los grandes grupos empresariales españoles con efectos retroactivos al eliminar complejas deducciones que permitían pagar menos impuestos en caso de tener una participación en otra compañía que hubiera perdido valor o acarreara pérdidas.
A partir de ahora las empresas no solo ya no podrán deducirse las minusvalías generadas por participaciones en empresas cotizadas o no cotizadas, sino que además deberán devolver parte de estas ventajas de manera fraccionada durante los próximos cinco años, lo que representa un golpe inesperado para las cuentas de resultados de los grandes grupos empresariales.
Esto es aplicable para participaciones a partir del 5% del capital o de una valoración de más de 20 millones de euros. Durante la crisis, muchas participaciones empresariales de las grandes firmas de Ibex-35 han perdido valor. Es el caso, por ejemplo, de las participaciones que tiene CaixaBank en Telefónica o Repsol o las que tienen los bancos como el Santander o el BBVA en el exterior.
La letra pequeña del decreto ha puesto en pie de guerra a los pesos pesados del Ibex-35, que consideran que la medida de Montoro es «cambiar las reglas del juego en mitad del partido». Pero además del malestar, el cambio fiscal mete presión para que las empresas vendan cuanto antes aquellas participaciones cuyo valor creen que no se va a recuperar y que ya estuviera provisionado en sus cuentas. De esta manera, si lo hacen antes del 31 de diciembre de este año se ahorrarán tener que devolver parte de estos beneficios de forma fraccionada.
DESINVERSIONES
Según explican fuentes de un importante bufete jurídico, muchas compañías ven un incentivo en desprenderse en los días que quedan para terminar el año de participaciones que no son estratégicas. «Aunque no lo harán en casos en los que el negocio les interese», indican las mismas fuentes.
Las primeras operaciones ya se han producido. A los pocos días de conocerse el decreto del Gobierno, el Banc Sabadell vendió su participación del 4% en la entidad financiera lusa BCP que tenía desde el año 2000 por un importe de 40 millones de euros. Fuentes del Sabadell han reconocido que la venta se decidió a raíz del decreto de Montoro. Tres días después, Unicaja anunció la venta del 0,51% de Ibedrola por los mismos motivos, por un total de 192 millones de euros.
REACCIÓN PATRONAL
La CEOE ha arremetido contra la reforma que considera que podría «constituir motivo de inconstitucionalidad» y cree que «deja en muy mal lugar la imagen de España» por su retroactividad. En un informe publicado este miércoles y encargado a expertos, la patronal asegura que «la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria en toda actividad económica, pero especialmente exigible por los inversores nacionales o extranjeros»
Según el texto, el real decreto aprobado a principios de diciembre y dirigido a acercar al tipo real del impuesto al nominal (25%) mediante la eliminación de una serie de deducciones, incluye «trascendentales modificaciones» que «podrían constituir motivo de inconstitucionalidad». Se afirma que «las medidas adoptadas suponen gravar una renta ficticia» y significan una «elección arbitraria de las personas sobre las que inciden».
Además, la retroactividad, al menos económica, de las modificaciones realizadas al impuesto (entra en vigor en 2017 pero se refiera al a ejercicio 2016) no solo «no es admisible», a juicio de la CEOE, sino que «es una técnica legislativa muy perjudicial, manifiestamente mejorable».
Desde la organización que preside Juan Rosell aseguran que el uso del real decreto debe ser «la excepción y no la norma» a la hora de elaborar normativa de carácter tributario y que deben «anunciarse con la debida antelación y tratarse con los afectados».
Para el informe citado, «no es admisible vivir en una continua reforma de los tributos», dado que el real decreto está modificando normas aprobadas a finales de 2013. La CEOE añade que «algo se está haciendo mal cuando continuamente se modifica lo ya modificado».
