El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido de que modificar la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD) mediante un decreto ley, como ha aprobado el Gobierno este jueves para que sean los bancos y no los clientes los que paguen este tributo en la suscripción de hipotecas, podría ser inconstitucional.

"Pedimos al Gobierno que presente una ley urgente por lectura única", porque "el decreto puede ser inconstitucional", ha afirmado durante un coloquio en Madrid con la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, sobre el decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

Según explicó este miércoles en Twitter el responsable de Política Fiscal de Ciudadanos, Francisco de la Torre, el deber fundamental de contribuir (artículo 31 de la Constitución) no puede ser regulado por un decreto ley.

En el caso de la ley sobre el ITP y AJD de las hipotecas, De la Torre sostiene que al cambiar el sujeto pasivo a través de un decreto, existe "un serio riesgo de inconstitucionalidad", y por eso lo ideal sería hacer esa modificación mediante "una vía parlamentaria urgente".

Basándose en este argumento, Rivera ha señalado que ese decreto podría ser recurrido por alguna entidad financiera y "tumbado" por los tribunales. "Espero que el Gobierno lo estudie jurídicamente", porque "esto no va de apuntarse tantos, va de solucionar un problema que afecta a millones de familias", ha manifestado, añadiendo que también sería inconstitucional aplicar el cambio con retroactividad.

Aunque el secretario general de la formación naranja ha declarado este jueves en el Congreso que su grupo parlamentario está dispuesto a apoyar el decreto, Rivera ha apostado por que el Gobierno haga la modificación a través de un proyecto de ley. "Lo apoyamos los grupos parlamentarios y en unas semanas hemos solventado el asunto", ha afirmado.

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha insistido en la necesidad de ofrecer "seguridad jurídica" a los consumidores, y ha defendido que la Comisión Nacional del Mercado de Valores debería incluir entre sus funciones la defensa y la protección de estos.