El Gobierno aprobó ayer en su Consejo de Ministros un nuevo paquete de medidas para alargar los incentivos a los ERTE hasta el 30 de junio. El Ejecutivo dio luz verde así al documento consensuado con patronal y sindicatos, que facilita las ayudas para aquellas empresas que decidan reanudar progresivamente su actividad y reincorporar a sus trabajadores. Por el contrario, rebaja las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social para aquellas firmas que decidan reabrir, pero mantener a la mayoría de sus trabajadores en ERTE. El documento, a expensas de la letra pequeña definitiva que publique hoy BOE alberga algunos matices respecto a las primeras informaciones sobre el acuerdo. Una de ellas es que las empresas no tendrán la obligación de renovar automáticamente los contratos temporales que venzan más allá del 30 de junio.

Las medidas aprobadas en Consejo de Ministros inauguran el término ERTE por causa de «fuerza mayor parcial». Es decir, aquellas empresas que inicialmente se vieron obligadas a parar completamente su actividad por las decisiones gubernamentales y que, en la actual fase sanitaria, pueden reprenderla; aunque no totalmente. Para estas, según consta en el documento firmado por Gobierno, patronal y sindicatos, las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social que hasta ahora imperaban se han visto modificadas. Aquellas firmas que reincorporen trabajadores verán exentas las cuotas de los mismos en el 60% en mayo y en el 45% en junio; siempre que tengan más de 50 empleados. Para las de menos de esa plantilla, la exenciones serán del 85% y el 70%, respectivamente.

No obstante, las empresas tendrán una menor rebaja en sus obligaciones en el caso de los trabajadores que sigan suspendidos. Sobre estos dejarán de pagar el 45% de las cotizaciones en mayo y el 30% en junio; siempre que tengan más de 50 trabajadores en plantilla. Para las menores, la rebaja será del 60% y el 45%, respectivamente. Es decir, las medidas anunciadas ayer por la ministra portavoz, María Jesús Montero, incentivan a las empresas a reincorporar a cuántos más trabajadores puedan.

El Gobierno aprobó también que las compañías no pueden repartir dividendos durante el ejercicio 2020 si han recurrido a un ERTE por fuerza mayor, salvo si devuelven el importe de las cotizaciones. El Ejecutivo dio luz verde a unos requisitos para asegurarse la inversión pública realizada para mantener el empleo.

Las compañías no podrán despedir (a menos que quieran devolver las cotizaciones exoneradas, más un recargo) en un plazo de seis meses que empezará a contar en el momento en el que reincorporen al primer trabajador. El documento también incluye un matiz, y es que «este compromiso de mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable», es decir, se puede revisar por los firmantes.