La industria española sigue perdiendo peso y cada vez se aleja más del objetivo del 20% del PIB pretendido por la Unión Europea. Así, si en el año 2000 el sector industrial representaba el 18,7% de la economía española, en el 2018 esta tasa cayó hasta el 16% del PIB, según un informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (COGITI) y del Consejo General de Economistas de España. El problema se agrava en el caso de la industria manufacturera (aquella que se dedica a la transformación de materias primas en productos terminados, como por ejemplo, la industria alimentaria, química o textil) que ha pasado del 16,2% al 12,6% del PIB en dicho periodo.

España es la quinta nación europea en cuanto a volumen de facturación del sector industrial (538.655 millones de euros) por detrás de Alemania (1,9 billones), Francia e Italia (un billón cada una) y Reino Unido (716.555 millones euros). La cifra de negocios que en promedio tiene una empresa española (2,9 millones de euros) es muy inferior a la reportada por el resto de países de la Unión Europea, hecho que se junta con que el 99,4% de las empresas industriales españolas son pymes. No obstante, la distribución por comunidades es muy desigual. El PIB industrial de cinco comunidades contribuye con un 64,25% al total del PIB industrial nacional. Cataluña es la comunidad que más aporta, con el 23,48%, seguida de Madrid (11,07%), Comunidad Valenciana (10,14%), País Vasco (9,96%) y Andalucía (9,65%). Las que menos son Extremadura (1,31%), La Rioja (1,09%) y Baleares (1,02%).

En relación al empleo, al final del segundo trimestre del 2019 el total de ocupados en el sector industrial (equivalente a una jornada completa) ascendió a 2,76 millones de personas, lo que supone el 14% del total. Además, destaca el empleo industrial por su calidad: el 74% de los contratos son indefinidos. Para impulsar al sector, el presidente de COGITI, José Antonio Galdós Ruiz, pidió un gran pacto de Estado con medidas que acerquen a la industria hacia el 20% del PIB.

Entre las propuestas destaca una política energética estable «que genere confianza en los inversores y produzca una energía barata»; el acceso al crédito para mejorar tecnológicamente la industria para implantar la Industria 4.0; la armonización y homogenización de normativas autonómicas industriales; el fomento de la cultura industrial dentro del sistema educativo español, y una mayor inversión en infraestruturas necesarias para la logística.