Seis de las autonomías gobernadas por el PP suprimirán el impuesto que grava las herencias de padres a hijos o cónyuges de forma "inmediata", según portavoces del partido. Cantabria, la séptima y que ha pasado a manos del regionalista PRC y del PSOE, puso en marcha esta exención en enero pasado, cuando la gobernaba el PP.

La modificación del impuesto de sucesiones y donaciones, una de las perlas del programa electoral popular para las autonómicas, provocará por primera vez una auténtica competencia fiscal entre territorios.

En las comunidades gobernadas por los populares la medida más inmediata será la supresión de este gravamen en las herencias en favor de los hijos menores de 21 años, según explicó a este diario el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte.

La Rioja será la segunda autonomía, tras Cantabria, en llevar a cabo esta reforma, prevista para el 2004. Según fuentes del PP, le seguirán Galicia, Castilla y León, Murcia, Valencia y Baleares, autonomía en la que los populares han recuperado el poder. Está por ver lo que sucederá en la Comunidad de Madrid, gobernada hasta mayo por el PP y que se encuentra en una situación de impasse institucional. En Canarias el PP gobernará con CC.

BRINDIS AL SOL

"Suprimir el tributo para menores de 21 años es como un brindis al sol. Afecta a muy pocas personas, ya que los padres de un joven en esa edad apenas superan los 50 años y la esperanza de vida se ha alargado mucho", explica un portavoz del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

En cualquier caso, la medida del PP provocará un auténtico efecto dominó, y las autonomías se verán forzadas a levantar los límites en la edad del beneficiario. Es lo que sucedió cuando Euskadi y Navarra, que tienen mayor capacidad normativa, eximieron las herencias del gravamen. "Personas con mucho patrimonio trasladaron su residencia fiscal allí", explica un asesor.

Sólo la generalización de la medida frenará las fugas de contribuyentes de una autonomía a otra. Las primeras comunidades que toman la iniciativa (Cantabria y La Rioja) son precisamente fronterizas con territorios forales. El impuesto de sucesiones se ha convertido en un tributo que recae sobre todo en las rentas medias, dado que las altas ya gozan de otros instrumentos para optimizar esta tributación.

El catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, Luis Manuel Alonso González, afirma en un artículo en la revista Escritura Pública, del colegio de notarios, que el de sucesiones es un tributo inconstitucional: "Lo paga cierta gente, no lo pagan todos los interesados y no atiende a la capacidad económica".