Como una bomba de relojería. Así ha caído en la política alemana la sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe sobre la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo (BCE). Además de la innegable repercusión política que tiene el fallo para el resto de la UE y sus fuerzas euroescépticas y ultranacionalistas, los diferentes actores políticos alemanes también comienzan a tomar posición ante la exigencia de la justicia alemana al BCE de que demuestre en un plazo de tres meses la «proporcionalidad» de su programa de compra de deuda pública que considera parcialmente inconstitucional. De no hacerlo, el Bundestag podría dejar de cofinanciarlo.
Karlsruhe pone en entredicho uno de los mecanismos que ha permitido mantener el euro a flote desde el estallido de la última crisis financiera y de deuda. La sentencia llega con una recesión económica ya oficial y con unas elecciones federales alemanas que, como muy tarde, se celebrarán en septiembre del próximo año. «El Constitucional ha colocado una carga explosiva en el euro y en la UE», decía a Reuters un diputado alemán que prefería mantener el anonimato. Y es que la infracción podría acabar en sanción.
Y la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) no deja pasar la ocasión para defender la sentencia de Karlsruhe y para atacar la compra de deuda pública por el BCE, que considera una transferencia del norte a la periferia endeudada.
