La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha logrado cerrar, casi de forma definitiva, la crisis abierta en el 2004 a causa de los 1.200 millones de euros otorgados por los gobiernos el PP a los astilleros públicos y que Bruselas declaró ilegales. El ente adjudicó ayer tres de los cuatro astilleros civiles que quedaban de la antigua Izar, a la espera de que Bruselas autorice la venta del centro de Manises (Valencia).

Los compradores elegidos por la consultora contratada por la SEPI, Boston Consulting, han ofrecido un precio por los activos, por la obra en curso y han presentado planes industriales con el fin de asegurar futuras cargas de trabajo.

OFERTAS La SEPI envió información a 172 grupos empresariales que podrían estar interesados en los astilleros pero solo contestaron 17. Cuando en noviembre del 2005 se cerró el plazo de ofertas, quedaban nueve candidatos, de los cuales ocho optaban por algún centro, y uno, por dos de ellos.

Ante la imposibilidad de lograr una oferta conjunta como había pactado con los sindicatos, el consejo de administración de la SEPI autorizó ayer a la comisión liquidadora de Izar a vender por separado cada centro entendiendo que cumplía con el pacto firmado con los sindicatos porque "se mantiene la actividad y se asegura la continuidad presente y futura de esos centros".

REGULACION DE EMPLEO El centro de Sestao fue adjudicado a Construcciones Navales del Norte (CNN), que es la única que presentará un expediente de regulación para 236 empleados. CNN se compromete a desarrollar proyectos de distintos tipos de barcos y tiene en cartera nuevos contratos. Además, invertirá en tecnología propia, aunque el Gobierno vasco criticó la ausencia de un proyecto industrial viable.

El consorcio Astilleros de Huelva asume los 188 trabajadores de Sevilla para construir transbordadores, y otros buques para los que tiene contratos hasta el 2009. Factorías Vulcano se queda con los activos de Gijón y sus 159 trabajadores. Hará quimiqueros de tamaño medio para los que también tiene contratos.

Pero todavía falta que Bruselas revise la venta de Manises a Ros Casares por si supone algún tipo de ayuda pública local, y retomar la negociación de las garantías laborales que fracasaron por el rechazo de los comités de empresa. UGT quiere llegar a un acuerdo antes de que el Gobierno apruebe la venta en octubre. CCOO, por su parte, considera que la SEPI ha incumplido el pacto y se reserva el derecho de demandar al Gobierno.