José Luis Rodríguez Zapatero adquirió ayer el compromiso con CCOO y UGT de que los 800 millones que se inyectarán en el sector del automóvil y el Plan Integral que el Gobierno pondrá en marcha para reactivar el sector serán negociados en una mesa específica que se creará en breve plazo. En ella estarán presentes las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales.

Los máximos responsables de las federaciones metalúrgicas de ambos sindicatos --Manuel Fernández López, por UGT, y Felipe López, por CCOO-- reclamaron ayer en la Moncloa a Zapatero y a los ministros de Industria y de Trabajo, Miguel Sebastián y Celestino Corbacho, poder intervenir en todas las medidas del Gobierno para reactivar el mercado del automóvil. Además, pidieron "la máxima coordinación institucional" entre el Gobierno central y los de las comunidades autónomas para dirigir y centrar todas las ayudas en una misma dirección y "evitar que se puedan producir desigualdades".

CCOO y UGT exigieron al presidente del Gobierno mayor firmeza ante los expedientes de regulación de empleo (ERE) que le están presentando muchos fabricantes del sector de la automoción. Zapatero no pareció contrario a que se excluya de las ayudas que se pacten en la mesa de negociación a las empresas que planteen despidos.

Ayer, el ministro de Industria instó de nuevo a Nissan para que revierta el expediente de empleo y, en vez de plantearlo como la extinción definitiva de más de 1.600 contratos, lo presente como suspensiones temporales. Sebastián avanzó que con el Plan Integral para el Automóvil y las ayudas a las empresas se pretende preservar el empleo, por lo que estuvo de acuerdo con los sindicatos en que los fabricantes que presenten expedientes como el de Nissan quedarán al margen de las medidas.

ALUVION DE DESPIDOS Por ejemplo, la Junta de Castilla y León aprobó ayer dos expedientes de empleo en las empresas de componentes Fico Mirros y Fico Traspar que suponen la suspensión de 620 empleos. El Gobierno cántabro también autorizó un ERE sin acuerdo con los trabajadores para la planta de Robert Bosch en esta autonomía que afecta a sus 1.000 trabajadores.

Los sindicatos explicaron que no van a admitir que los trabajadores paguen las consecuencias de la situación que afecta el sector y que, al margen de la crisis, tiene su origen en la "falta de previsión de las empresas" y en las "reformas estructurales que no abordaron en su momento".

También volvieron a insistir en la necesidad de que los trabajadores puedan cobrar el paro durante los ERE temporales sin que les cuente este periodo. Así, si finalmente entran en el desempleo definitivo, mantendrían íntegra la prestación.

CRITICAS DE GONZALEZ Asimismo, el expresidente del Gobierno, Felipe González, criticó ayer a los países europeos porque antes del verano afirmaban que la crisis no les concernía y miraban "hacia otro lado", también en España. González afirmó que las medidas se han adoptado al margen de las instituciones comunitarias.