Los sindicatos se la juegan mañana. La huelga convocada en el sector público pondrá en juego la capacidad movilizadora de CCOO y UGT, que han convertido el 8-J en una especie de prueba de carga para la convocatoria de la huelga general contra el más que probable decreto de reforma laboral.

Alrededor de tres millones de funcionarios y empleados públicos están llamados mañana a secundar la movilización más importante desde la elección de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Para esta ocasión, CCOO y UGT se han aliado con las principales centrales de la función pública, un sector que es una de sus mejores canteras de afiliados.

La protesta será lo más parecido a una huelga general. El principal campo de pruebas estará en Cataluña, donde el paro será más amplio al afectar también a los centros escolares y sanitarios concertados, los trenes de Ferrocarriles de la Generalitat así como los medios de comunicación dependientes de la Administración autonómica.

A pesar de las innumerables asambleas preparatorias de la huelga, las concentraciones que han llevado a cabo hasta ahora han congregado a un número más bien escaso de delegados y funcionarios. Dirigentes sindicales admiten, con los micrófonos desconectados, que la aprobación expeditiva de la rebaja salarial media del 5% ha sembrado cierta resignación en una parte de los empleados públicos. Por ello, los sindicatos insisten en que la movilización tiene un carácter preventivo frente a nuevos recortes en el futuro y como demostración de fuerza ante la reforma laboral en ciernes.

Algunos sindicalistas tendrán mañana la difícil tarea de explicar a los usuarios de servicios públicos, como las consultas externas de los hospitales o las visitas no urgentes en los ambulatorios, los motivos de la huelga. Las armas que utilizarán para contrarrestar la opinión a favor del recorte del 52,5% de los encuestados por GESOP en un sondeo para el Grupo Zeta son intentar desmontar algunos clichés y advertir a los ciudadanos de que ellos también sufrirán el recorte con pérdida de calidad: listas de espera más abultadas y más alumnos por aula, por ejemplo.

PREJUICIOS El primer tópico es el del empleo fijo. "De cada 10 empleados, cuatro están en una situación precaria", dijo tajante Carlos Villalante, de UGT.

En el conjunto de España, de los 2,6 millones de trabajadores del sector público, únicamente 1,6 millones son funcionarios, mientras que el resto son interinos sin plaza adjudicada o bien personal contratado en régimen laboral y, por tanto, susceptible de ser despedido como en la empresa privada.

Segundo tópico: los funcionarios cobran sueldos altos. Una minoría de técnicos o profesionales de alta cualificación así como los jefes, sí; pero el 26% perciben menos de 1.000 euros mensuales. Tercer tópico: los funcionarios trabajan poco. Los sindicatos recuerdan que entre los afectados también se encuentran bomberos, enfermeras, policías o maestros.