Arrecia el debate sobre el futuro de las pensiones a pesar del superávit de la Seguridad Social. El sistema público de prestaciones contributivas de jubilación puede incurrir en déficit entre los años 2011 y 2015, es decir, en un periodo de entre apenas cuatro y ocho años, según un estudio publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
David Taguas, director de la Oficina Económica del Gobierno, es uno de los autores del análisis, realizado cuando era subdirector del servicio de Estudios del BBVA.
En el estudio, hecho junto con María Jesús Sáez, de la Intervención General de la Seguridad Social, advierten de que el fondo de reserva creado en el 2000 permitirá paliar la situación de desfase entre ingresos (cotizaciones) y gastos (pago de pensiones) durante siete o 10 años a partir del momento en que haya números rojos, es decir, hasta el 2025.
El análisis se basa en el fondo de reserva de la Seguridad Social acumulado hasta el 2004, que era de 19.000 millones. Cerró el año pasado con 40.000 millones, y el Gobierno prevé añadir a lo largo del 2007 otros 6.000.
El escenario que describe el estudio de los dos expertos incluido en el último número de la revista Panorama social no difiere mucho del que presentó el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en el 2005. Entonces, los expertos de la Seguridad Social destacaron que había plazo "suficiente" en 15 años para realizar las reformas necesarias para asegurar la viabilidad del sistema.
De 0,44 a 0,81 El artículo recomienda crear "una Oficina Presupuestaria del Congreso, independiente del poder ejecutivo", que asuma "la responsabilidad de evaluar la situación y las perspectivas del sistema español de la Seguridad Social".
Los autores parten en el informe de las proyecciones demográficas para estimar la evolución del número de pensiones por ocupado. A partir de ahí constatan que el gasto en pensiones contributivas se duplicará en cinco décadas, como consecuencia del importante incremento de la tasa de dependencia basada en la relación entre pensionistas por cada ocupado.
Según esas proyecciones demográficas, hasta el 2060 entrarán en España 14,5 millones de inmigrantes y además se producirá un cambio profundo en la pirámide de población, con un incremento del peso de los pensionistas sobre el total. Con todo ello, se pasaría las 0,44 pensiones por ocupado del 2004 a 0,81 en el 2059. En ese supuesto, el gasto en pensiones contributivas se dispararía desde el 7,7% hasta el 17,9% del producto interior bruto (PIB) en el 2059.
Los autores insisten en que hay que extender "la opinión sobre la necesidad de reformar el sistema para garantizar su sostenibilidad". Taguas y Sáez afirman que si la edad de jubilación se retrasara en el 2007 a los 70 años se conseguiría demorar "en 17 años la aparición del déficit".
A su vez, si se ampliara a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones (ahora es de 15 años), el primer año en que el sistema incurriría en déficit se retrasaría cuatro años y el fondo de reserva financiaría el sistema hasta el 2026.
Difícil ajusteSáez y Taguas apuntan que, aunque sería "adecuada", esta medida no resolvería el problema de la equidad, pues el ajuste sólo incidiría en los nuevos jubilados.
Para los autores, la reforma a aplicar en el sistema de pensiones debería ir en esta dirección, sin que ello implique retrasar de golpe la edad de jubilación. Admiten que la puesta en marcha de esta medida resultaría difícil por ser "impopular" y su alto coste político.
