La aplicación del Protocolo de Kioto en la industria española, el agujero de RTVE y la bronca de los trabajadores de los astilleros públicos (Izar) son los tres asuntos más peliagudos que hereda el nuevo vicepresidente económico, Pedro Solbes, de la administración del PP.
Además de gestionar la cuadratura del círculo que exige el propio programa electoral socialista --nuevas políticas de gasto sin desbaratar el equilibrio de las cuentas y sin aumentar la presión fiscal--, Solbes tendrá que resolver los problemas que no han quedado resueltos.
El mayor es el plan de recorte de emisiones de gases que exige el Protocolo de Kioto. El Gobierno del PP debía haber remitido en marzo a la Comisión Europea el Plan Nacional de Asignación de Emisiones. Pero el equipo de Rato tan sólo ha remitido a Bruselas un breve documento en el que emplaza al Gobierno socialista a elaborarlo.
ENCARECIMIENTO DE COSTES El Protocolo de Kioto es una auténtica patata caliente: implica un recorte de emisiones para determinadas industrias (eléctricas, azulejeras, cementeras, químicas, siderúrgicas, etcétera), con la tensión que ello entraña, por el encarecimiento de costes y precios.
Si el recorte no se produce, será preciso comprar derechos de emisión a otros países, con el consiguiente perjuicio para el equilibrio presupuestario: la factura asciende a unos 200 millones de euros anuales (33.277 millones de pesetas), según la mayoría de las estimaciones.
El resto de asuntos candentes proceden de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente hasta ahora del Ministerio de Hacienda. El agujero de RTVE es uno de ellos. Su resolución había sido encauzada por el anterior presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz Jarabo. Su sucesor, Enrique Martínez Robles, tiene que decidir si sigue con la estrategia iniciada o si prefiere cambios.
NUMEROS ROJOS Los números rojos del ente público son mareantes. El déficit operativo es de 330 millones de euros al año. Las pérdidas anuales superan los 600 millones (100.000 millones de pesetas). Según el plan de saneamiento de Ruiz Jarabo, la mitad de ese agujero se eliminaría con un expediente de regulación de empleo para reducir los gastos de personal. La otra mitad debería quedar cubierta con mayores subvenciones públicas que, según Ruiz Jarabo, serán posibles una vez culmine la nueva contabilidad analítica que el ente público ha empezado a implantar en el 2004. Este esquema de salvamento incluiría la asunción por parte del Estado de la deuda de RTVE (más de 6.000 millones de euros), con el sobrecoste financiero que ello conllevaría a los presupuestos.
PENDIENTES De la SEPI también heredará Solbes el duro conflicto laboral abierto en los astilleros públicos de Izar por la negociación del convenio colectivo. Las protestas quedaron aparcadas ante la celebración de las elecciones, pero la solución aún parece lejos de producirse. Además, deberá de dar salida al conflicto existente entre la SEPI y KIO en Ebro Puleva. Un acuerdo de la exministra de Agricultura, Loyola de Palacio, firmado en 1997 con los kuwaitís obligaba a la SEPI a ejercitar en 1998 una opción de compra de 9,6 millones de acciones de la azucarera por importe de 244 millones de euros. Cuando llegó el momento de ejercer la opción de compra, el valor de ese paquete de acciones era mucho menor.
La SEPI denunció el contrato y en el 2003 el juez obligó al Estado a pagar 233 millones más los intereses diarios. La sentencia ha sido recurrida y existe el temor a que la factura siga engordando día a día a causa de la acumulación de intereses.
