El parlamento francés votará en los próximos días el presupuesto más restrictivo de las últimas décadas. Presionado por Bruselas y Berlín, el Gobierno de Nicolas Sarkozy debe ahorrar 40.000 millones para rebajar el déficit público del 8% al 6% del PIB en un año. Para lograrlo, no basta con bajar el gasto en 7.000 millones. Todos deben apretarse el cinturón.

A la hora de tocar las prestaciones sociales, el ministro del Presupuesto, François Baroin, ha optado por la fórmula más suave. En lugar de suprimir las ayudas directas, ha recortado las desgravaciones. No es que el tijeretazo no sea doloroso, pero resulta menos brutal. Uno de los ejemplos más emblemáticos es suprimir las ventajas fiscales del primer año del matrimonio. Los recién casados, declarados como pareja de hecho o recién divorciados tenían derecho a realizar una declaración sobre la renta mucho más ventajosa. Con esta supresión se ingresarán 500 millones.

Desaparecerán las desgravaciones por los préstamos inmobiliarios, que se sustituirán por otros con tasa cero restringidos a las personas con ingresos reducidos que accedan a la primera vivienda. La reducción de impuestos por alquilar una casa también se adelgazará, así como la ayuda por invertir en energías renovables.

NATALIDAD También se recortan las desgravaciones por contratar una ayuda a domicilio, utilizada muchas veces para cuidar a los hijos, un sistema habilitado para sacar a la luz trabajo no declarado. De momento, las subvenciones directas para promover la natalidad se mantienen. A partir del segundo hijo, las familias francesas seguirán contando con inyecciones económicas que van desde el nacimiento de los pequeños hasta los 20 años. Con dos niños, la ayuda es de 123,92 euros al mes; si son tres, sube a 282,70 euros, y a partir de ahí aumenta en razón de 158,78 euros por retoño.

A los hogares con baja renta (hasta 32.813 euros anuales) se otorga una ayuda adicional: un pago de 889,72 euros por nacimiento, al que se añade una subvención mensual de 177,95 euros los tres primeros años. En caso de que un progenitor reduzca jornada para cuidar a los hijos, recibe 300 euros mensuales durante tres años.