Las tarifas reguladas por el Gobierno para el gas desaparecerán a partir del 2008 y las de la electricidad, a partir del 2011. Estas medidas, incluidas en los anteproyectos de ley de trasposición de directivas europeas aprobados ayer por el Ejecutivo, pretenden liberalizar estos sectores. En el caso del gas será antes, porque el 83% de las ventas ya se realizan en el mercado liberalizado.

Los anteproyectos establecen la separación jurídica y funcional de los gestores de las redes de transporte y de distribución de actividades de suministro y comercialización. Las redes de los distribuidores a partir de ahora dejarán de ser comercializadores. Los plazos para aplicar la separación de las actividades serán de seis meses para el sector eléctrico y de 12 para el del gas.

El Ejecutivo también acordó medidas para reducir el déficit que se genera por unos costes de producción del kilovatio superiores a la tarifa reconocida (ingresos).

El Gobierno prevé que el 85% de las operaciones dejen de hacerse a precio libre (en torno a ocho céntimos el kilovatio hora) y se realicen mediante contratos a 4,23 céntimos.

Las eléctricas también deberán dejar de anotarse como costes unos 1.400 millones de euros en derechos de emisión de CO2 que tienen asignados.