Telefónica de España, la filial del grupo dedicada al negocio de telefonía fija, comenzará hoy a negociar con los sindicatos un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 15.000 trabajadores en los próximos cinco años. La compañía presentó ayer la propuesta por escrito a las centrales tras comunicársela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La nueva regulación de empleo marca un hito al no recurrir, por primera vez, a los tradicionales sistemas de prejubilaciones.
La empresa sólo ofrecerá a sus empleados la posibilidad de acogerse a bajas incentivadas. La fórmula tiene un carácter voluntario, universal para toda la plantilla y no hará distinción entre empleados. El trabajador podrá elegir entre cobrar su incentivo mediante una única paga o a través de un plan de rentas.
Telefónica ha renunciado, de esta manera, a la firma de un convenio con la Seguridad Social para acceder a un programa de jubilaciones anticipadas como en otros expedientes.
Los empleados que acepten el despido podrán pedir la prestación de desempleo si reúnen los requisitos. Si han cotizado un mínimo de 2.160 días en los últimos seis años, podrán cobrar hasta 720 días de prestación. La cuantía de la misma será del 70% de la base reguladora de Seguridad Social hasta el día 180 y el 60% a partir de entonces y hasta el final. Los que tengan una edad cercana a la jubilación, podrán beneficiarse del plan de pensiones de la empresa, uno de los de mayor rentabilidad de España.
Este recorte del 37% de la plantilla (unos 40.200 trabajadores) se une a programas anteriores de reducción de empleo hechos por Telefónica, que se saldaron con la salida de 25.000 trabajadores.
El coste del expediente será de 3.600 millones de euros (600.000 millones de pesetas), según los sindicatos, que se sumarán a los 6.400 millones de euros (1,064 billones de pesetas) de pasados expedientes, el último hace 4 años.
El plan incluye procedimientos de reubicación de los empleados dentro de la empresa y un programa de movilidad geográfica para los trabajadores que queden en la plantilla tras el expediente.
CCOO y UGT comenzaron ayer a estudiar el expediente. En principio, los sindicatos rechazarán el sistema de movilidad geográfica por ser "intolerable", y exigirán una garantía de estabilidad en el empleo para los 25.000 trabajadores que quedarán en la empresa.
Telefónica justifica este expediente por razones de "competitividad en el nuevo entorno del mercado de las telecomunicaciones". La propuesta de reducción de empleo se ha debido al "escaso crecimiento" del negocio.
El marco regulador en Europa se ha endurecido, dice la empresa, y Telefónica debe soportar sola todo el coste del servicio universal a expensas de sus competidores, que simplemente se han servido de las infraestructuras.
La bajada de un 50% en los precios y el estancamiento del mercado se unen a "las limitaciones y frenos comerciales impuestos a Telefónica que han deteriorado significativamente sus ingresos".
INVERSIONES
El operador advierte de que el recorte de plantilla será insuficiente si no va acompañado de un cambio en el marco regulador de apoyo a las inversiones, y reconoce que en este "entorno de competencia desigual" tiene estrangulada su posibilidad de crecimiento por la estructura de costes fijos (80% son de personal) heredada del antiguo monopolio.
La cotización de Telefónica no sufrió ayer grandes convulsiones y cerró en el parquet español con una ligera caída --del 0,5%--, hasta situarse en 10,14 euros.
