Todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, se mostraron hoy críticos con el decreto ley que recoge las últimas iniciativas del Gobierno contra la crisis, incluso sus socios PNV y CC, que previsiblemente votarán a favor de su convalidación, rechazaron algunas de esas medidas. Durante el debate del decreto ley en el pleno del Congreso, el diputado del PNV Pedro Azpiazu criticó que se haya incluido la supresión de la cuota cameral o la privatización parcial de la gestión de los aeropuertos, ya que cree que "se están poniendo los bueyes delante del carro" y que habría sido mejor pactar el nuevo modelo de AENA antes que acordar la entrada de capital privado. No obstante, subrayó como positivo que el decreto haya servido para calmar a unos "mercados histéricos" y consideró que algunas de sus medidas contribuirán a dinamizar la economía, aunque de "manera modesta". También Ana Oramas, de CC, centró su intervención en la reforma del sistema aeroportuario y pidió que el Ejecutivo no elimine la singularidad que caracteriza en este ámbito al archipiélago canario "donde AENA supone su futuro y su supervivencia". Por su parte, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, subrayó que lo que necesita España son reformas estructurales y de fondo y no un elenco de medidas improvisadas y desordenadas, que no ofrecen confianza, al estar diseñadas a "tirones, con parches y sacando conejos de la chistera". Montoro reiteró que el Ejecutivo hace recaer la crisis en los parados y en los más débiles "y así un país no se recupera, con lanzamientos de ideas a la defensiva, como último recurso" El diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre se opuso radicalmente a la forma elegida para privatizar Aena, ya que se seguirá manteniendo el monopolio del Gobierno central, mientras que el grupo catalán aboga por la descentralización y por dar un papel más relevante a los gobiernos autonómicos en la gestión aeroportuaria. Sánchez Llibre tampoco compartió la "precipitada" privatización del juego, pero se mostró de acuerdo con el resto de medidas económicas contenidas en el decreto, aunque pedirá su tramitación como proyecto de ley. Desde ERC, Joan Ridao, indicó que el decreto significa una rendición tardía y definitiva a las recetas de la derecha europea y del PP, "que las ha aplaudido e incluso ha reivindicado su paternidad". Además, aseguró que el nuevo modelo aeroportuario, "que se cuela por la puerta de atrás", supondrá una gestión central e ineficiente, de segunda división, "que dejará a El Prat como mero comparsa de Barajas". Nuria Buenaventura, de ICV, afirmó que el contenido del decreto está dictado por los 37 empresarios que mantuvieron una reunión con el Gobierno en noviembre, lo que implica que el Ejecutivo ha tirado la toalla y lo justifica todo por la presión de los mercados. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, mostró su disconformidad con el decreto por considerar que supone la desamortización del patrimonio público, algo desaconsejable en una época de crisis que ha tenido su origen en la falta de tutela pública de la economía. Rosa Díez, de UPyD, criticó que el Gobierno se acostumbre a hurtar los debates parlamentarios y cuele de tapadillo una serie de medidas importantes en los decretos. Por parte del PSOE, Francisco Fernández Marugán ensalzó la labor del Gobierno que ha actuado de nuevo con celeridad e inmediatez y destacó que los últimos datos económicos muestran que las medidas económicas adoptadas han sido bastantes fructíferas.