Se esperaba una olla a presión, pero la sorpresiva y oportuna decisión de Francisco González en la víspera de renunciar de forma temporal a la presidencia de honor del banco y su fundación mientras dure la investigación del caso Villarejo sirvió de válvula de escape. Carlos Torres, presidente del BBVA desde diciembre, vivió ayer una junta de accionistas tensa, pero mucho menos de lo previsto. El ejecutivo, significativamente, quiso «agradecer» a su antecesor su renuncia, pues con ella «quiere evitar que se utilice a su persona para dañar a BBVA».

La figura de Torres está íntimamente ligada a González, que le nombró consejero delegado y posteriormente le aupó a la presidencia. Durante la presentación de resultados en febrero, el ejecutivo aseguró que su predecesor le había dicho que es inocente de las presuntas escuchas ilegales encargadas por la entidad al expolicía para frenar el asalto de Sacyr a la entidad en el 2005 y afirmó que él le creía. También dijo que retirarle los cargos honoríficos sería «prejuzgar» su culpabilidad. La renuncia voluntaria de González, en cualquier caso, ha aliviado la presión a la que se ve sometido.

POCAS INTERVENCIONES / La prueba es que solo intervinieron 13 accionistas, número no muy elevado para lo habitual. La más llamativa y aplaudida en Bilbao fue la de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y presunto espiado, que ya ha presentado una demanda en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso. El empresario reconoció que tuvo que cambiar su discurso porque iba a pedir el cese de González, pero igualmente cargó contra él.

Así, le acusó de utilizar como «excusa» el escándalo de las cuentas secretas en Jersey del año 2000 para echar al copresidente Emilio Ybarra y al resto de consejeros vascos de la entidad, que luego fueron absueltos por la justicia, con la colaboración de su «amigo» Jaime Caruana, entonces gobernador del Banco de España y hoy consejero.

También negó que el intento de su constructora de controlar el BBVA contase con el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien llamó «bambi de acero» parafraseando a Alfonso Guerra, sino de 81 de las familias vascas fundadoras del banco. Además, afeó al expresidente haber cobrado 250 millones durante su mandato, frente a los 75 millones de Emilio Botín (Banco Santander) y pese a que la cotización cayó el 33%. Asimismo, reveló que ha escrito a 59 fondos que poseen más del 90% del capital para plantearles que, como sucede en Estados Unidos en casos que afectan a la reputación, se cree un comité especial para supervisar la investigación encargada por el banco y para el que propuso a exaltos cargos purgados por González.

Los sindicatos también mostraron su preocupación porque «se cierre en falso» la investigación y pidieron «tolerancia cero». La asociación de exempleados Uniter reclamó que el retiro de González de sus cargos «se convierta en un alejamiento definitivo» porque el daño para la entidad no solo ha sido «reputacional, algo indiscutible, sino posiblemente patrimonial», ya que el caso «tiene todo el aspecto de terminar en los tribunales». Algunos pequeños accionistas también intervinieron. «Ustedes son la garantía de la obra de Francisco González, por eso no les tengo mucha confianza», espetó al consejo Francisco Arrese.

SECRETO JUDICIAL / Pese a todo ello, Torres fue ratificado con el 98% de los votos y se limitó básicamente a repetir los mensajes que lanzó en febrero, escudándose en la investigación bajo secreto de la Audiencia Nacional para no dar más información. El banco, prometió, «seguirá investigando con rigor, colaborando también activamente con la justicia». Pero, recordó, la investigación externa encargada por la entidad no será rápida: «Nuestro interés es avanzar y concluir lo más rápido posible, si bien dado el alcance, PwC nos ha trasladado que se requerirán varios meses de trabajo». Y reiteró que el supuesto seguimiento e intervención de comunicaciones eran «totalmente desconocidos» para la actual cúpula del banco.