Los procesos de prejubilaciones que ponen en marcha las grandes empresas pueden ser "un buen instrumento" concreto en coyunturas de dificultad pero deben entenderse como "una excepción" a pesar del actual momento de crisis. Este es el mensaje que envió ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, antes de que la Seguridad Social remita al Congreso de los Diputados un informe que servirá como base para el debate sobre la reforma del Seguro que abordará la comisión del Pacto de Toledo. En este documento se expondrán "exigencias, que no trabas", para el buen uso de las prejubilaciones en los procesos de ajuste de plantilla.

Corbacho considera que la fórmula de adelantar el pase al retiro puede ser un buen instrumento para que las empresas salgan de un momento puntual de crisis. Pero Corbacho entiende que el Gobierno tiene que combatir la idea de que, cuando una persona supera los 52 años, debe ser "arrinconada como si fuera un jarrón chino".

La edad media de jubilación en España supera los 62 años y sería poco razonable que el Gobierno insista por un lado en alargar la vida laboral hasta los 70 años mientras se disminuye el tiempo para llegar al retiro. "Me parece sencillamente contradictorio, o apostamos por una cosa o por la otra" apostilló.

Aunque las prejubilaciones suponen un coste para el Estado, Corbacho separó esta cuestión de lo que él considera un grave perjuicio: perder "la experiencia acumulada de una generación". La Seguridad Social mantiene, según sus datos, un superávit de 15.971 millones de euros, un fondo de reserva con 56.000 millones y más de 19 millones de afiliados, 2,7 por jubilado.

Por otra parte, el ministro no ve ninguna necesidad en vigilar especialmente los expedientes de empleo que han presentado varias empresas de automoción, ya que se aplicarán para superar un problema en aras de poder afianzar la industria.