Los servicios públicos de empleo iniciaron unas 135.000 actuaciones de inspección en el primer semestre sobre otros tantos parados con prestación sospechosos de haber rechazados ofertas adecuadas de empleo o cursos de formación y de no haber buscado un puesto de forma activa. "Algunos de ellos han perdido su derecho a la protección", afirmó ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una entrevista en RNE al ser preguntado sobre la nueva política de sanciones iniciada en el Reino Unido.
Con todo, el ministro rechazó que el problema de España sea el de penalizar más o menos a los parados. "El objetivo debe ser poner a disposición del empleado nuevos medios, más formación y mejores itinerarios de reinserción laboral", resolvió.
