El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tiene a punto una orden que pondrá fin a uno de los coletazos de la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP en el 2001. El Ejecutivo socialista dará marcha atrás en los planes de empleo locales y subvencionará todo el coste de los contratos que realizan los ayuntamientos y las entidades sin ánimo de lucro.
El objetivo de la modificación es no desperdiciar un 80% de los recursos disponibles que no se gastaban porque los ayuntamientos no asumían los costes.
Caldera justifica el cambio por los "efectos no deseados" que provocó la reforma laboral del PP respecto a los contratos de inserción, destinados a los parados con más dificultades para encontrar empleo. "La baja financiación que este tipo de contratos lleva aparejada está produciendo una inhibición importante de las entidades colaboradoras a la hora de participar en los planes de empleo", se afirma en la orden ministerial.
SUFRAGAR LA DIFERENCIA Con el sistema del anterior Ejecutivo vigente hasta ahora, el Inem sólo pagaba la base mínima de cotización a la Seguridad Social y las entidades locales y sin ánimo de lucro debían sufragar la diferencia hasta el sueldo del convenio colectivo correspondiente.
La orden ministerial exime a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro de la obligación de formalizar contratos de inserción, por lo que abre la puerta a modalidades como la de obra o servicio. Asimismo, el ministerio que dirige Jesús Caldera establece la subvención total del salario y las cotizaciones entre módulos, que van de 1,5 a 3 veces el salario mínimo interprofesional.
Otra de las novedades será la flexibilización de los plazos de solicitud de las ayudas y la eliminación de la cláusula que impedía a un empleado contratado optar de nuevo a estos programas tras haber participado en ellos durante un máximo de nueve meses.
