Un informe propiciado por el Ministerio de Trabajo, que hoy remitirá a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, propone que la pensión de jubilación se calcule teniendo en cuenta todo el esfuerzo de cotización que ha hecho el trabajador. Esta iniciativa pretende dar fuerza al polémico pacto firmado en el 2001 por el Gobierno, la CEOE y CCOO, y que fue rechazado por UGT.

Este documento será debatido hoy en la mesa de portavoces de los grupos parlamentarios representados en el Pacto de Toledo y debe dar lugar, dentro de unas semanas, a unas recomendaciones que el Gobierno deberá seguir.

El primer borrador del informe fue elaborado por la diputada de CiU Inma Ribera. Después, el Ministerio de Trabajo ha añadido sus propuestas y ha introducido tantos retoques que la federación catalana ya no reconoce el texto como suyo. La Secretaría de Estado para la Seguridad Social negó ayer a este diario haber modificado documento alguno.

La propuesta insiste en que las prestaciones deben guardar mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado, puesto que ahora los mejores años de salario no son los previos a la jubilación. Por tanto, recomienda seguir ampliando el periodo de cálculo como se hizo en 1985 (de dos a los últimos ocho años cotizados) y en 1997 (los 15 años finales) hasta abarcar toda la vida laboral. UGT y el PSOE criticaron la medida porque, según calcularon, puede rebajar la pensión hasta en un 15%.

El PSOE propuso que se suprima el periodo de carencia que impide tener derecho a pensión --y que supone cotizar un mínimo de 15 años--. El partido de la oposición dice que es una injusticia no recibir nada tras cotizar 14 años y 11 meses, lo que estimula la economía sumergida.

El texto también incide en la necesidad de revisar todo el esquema de la pensión de viudedad, porque esta prestación "se ha desvinculado de la existencia de una situación de necesidad". Fuentes de CiU, que ayer intentaron desmarcarse de la autoría del informe, no descartan que el estudio acabe con una recomendación que excluya a las viudas "ricas", que disponen de vías de ingresos adicionales o que trabajen.

SUPLIR LAS CARENCIAS

La comisión establece que los españoles podrían autofinanciarse determinados servicios de asistencia social si hay insuficiencias en el sistema público.

Además de pedir que se refuerce el desarrollo de los planes de pensiones de empresa y privados, la comisión insta a profundizar en políticas que permitan avanzar hacia un sistema "voluntario, externo a la Seguridad Social, financiado por aportaciones independientes que mejore las prestaciones públicas".