La Audiencia Provincial de Madrid decidió ayer dejar en libertad a Alberto Cortina y a su primo Alberto Alcocer, hasta que el Gobierno resuelva si les indulta la pena de tres años y cuatro meses de prisión que les impuso el Tribunal Supremo por haber estafado a sus socios sobre el precio real de venta de unos terrenos de la Plaza Castilla de Madrid donde se construyeron después las Torres KIO.
Los jueces explicaron que utilizan "criterios o pautas" con carácter general para resolver las peticiones de suspensión de condena por haber solicitado un indulto, "cuando el penado se encuentra en libertad provisional".
En esos casos, los magistrados valoran que los condenados "no tengan antecedentes penales" y que, si no han sido declarados insolventes, "satisfagan las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia", ya que así se atienden "los intereses de la víctima o perjudicado por el delito".
Los Albertos , según la resolución, cumplen esos requisitos y por ello tienen derecho a que se les apliquen esos criterios "para garantizar una igualdad de trato ante situaciones sustancialmente idénticas". Los magistrados citan unos 24 casos en los que han aplicado sus "pautas" y desvelan que en dos ocasiones han contado con el apoyo del fiscal.
Además, la Audiencia de Madrid ha tenido en cuenta que las penas a las que han sido condenados Cortina y Alcocer "no son elevadas". Y que a las mismas se les puede aplicar "la redención de penas por el trabajo".
La Audiencia Provincial de Madrid subraya que la tramitación de un indulto "se aproxima al año o incluso lo supera". Y señala que son excepcionales los casos en los que el expediente se resuelve en "dos o tres meses".
Por ello, los magistrados aclaran que su decisión no significa que no se vaya a cumplir la pena, sino que implica "que se está aplazando su cumplimiento ante la posibilidad de que dicha pena sea indultada". La instancia judicial agrega: "Si se deniega el indulto solicitado, la pena que se había dejado en suspenso habrá de cumplirse". El vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que el indulto seguirá "su cauce reglamentario", como el de "cualquier otra persona".
