El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el céntimo sanitario recaudado en España --y que se aplica en varias comunidades, entre ellas Extremadura-- "es contrario" al derecho comunitario.

La sentencia señala que el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) no respeta la directiva sobre los impuestos especiales, explicó ayer en un comunicado el Tribunal.

En particular, el impuesto carece de la "finalidad específica" que prevé esa normativa, que obliga a que ese objetivo no sea exclusivamente presupuestario.

En ese contexto, el impuesto tampoco persigue, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y el medioambiente, añade el fallo.

La decisión del Tribunal abre la vía a la devolución de los cerca de 13.000 millones de euros cobrados por ese concepto entre los años 2002 y 2011.

Los jueces declaran que "no procede limitar en el tiempo los efectos de la sentencia", como habían solicitado la Generalitat de Cataluña y el Gobierno español, porque el hecho de que hayan mantenido el impuesto en vigor durante un periodo de más de diez años hace que "no pueda admitirse" que hayan actuado de buena fe.

El Tribunal recuerda que en 2000 ya se pronunció sobre un impuesto con características similares a las del IVMDH y que en 2001, la Comisión Europea informó a las autoridades españolas de que la introducción de dicho impuesto sería contraria al Derecho de la Unión.

Además, añade la sentencia, en 2003 el Ejecutivo comunitario inició un procedimiento de incumplimiento contra España en relación con dicho impuesto.

El caso llegó a la Justicia europea después de que la empresa Transportes Jordi Besora , establecida en Cataluña, solicitara la devolución de los 45.600 euros que tuvo que pagar entre 2005 y 2008 en concepto de impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió a los jueces de la UE que determinaran si ese impuesto respeta la normativa europea.

ESPAÑA CUMPLIRA El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró ayer que "España va a cumplir" con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. "España va a cumplir todas las sentencias del tribunal de justicia", dijo.

En este sentido, fuentes de Ministerio de Hacienda recordaron que el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos fue derogado en 2012 y que desde enero de 2013 está integrado en el marco general del Impuesto de Hidrocarburos.

Respecto a la posibilidad de que España tenga que devolver los alrededor de 13.000 millones de euros recaudados con este tributo entre 2002 y 2011, el ministro de Economía eludió responder, pero las mismas fuentes de Hacienda estiman que los eventuales desembolsos sumarían una cifra "sensiblemente más baja" a la recaudada.

LAS CCAA, CAUTAS Las autonomías afectadas por la sentencia se han mostrado cautas y algunas estiman que será la Administración central la que tenga que asumir la devolución de este impuesto cobrado a los conductores por la compra de carburante, en algunos casos desde 2002.

Las respuestas a la decisión de la UE han sido dispares. Así, el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, recordó que el impuesto y su normativa es estatal, por lo que debe ser el Gobierno el que afronte las consecuencias.

Desde Baleares, su Gobierno aboga por "analizar con calma" la sentencia, que, en esta comunidad, supuso 28 millones de euros de recaudación en 2012 por el tramo autonómico de este gravamen.

La Junta de Castilla y León ha precisado que sólo se aplicó diez meses y que desde el 1 de enero de 2013 no existe el céntimo sanitario ligado a la financiación de la sanidad.

La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, indicó que deberá devolver la hacienda estatal, ya que forma parte del modelo de financiación autonómica, y que la Junta no debe sufrir ninguna merma por ese motivo.