El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) condenó ayer a España por no haber acatado la decisión de la Comisión Europea de anular las medidas impuestas al grupo alemán E.ON para comprar la compañía eléctrica Endesa. Pero el Tribunal Europeo eludió pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y no evaluó la legalidad de los requisitos gubernamentales fijados para garantizar el suministro energético y el respeto de la política energética española.
Esta es la primera sentencia del largo pulso político mantenido entre el Gobierno y la Comisión. Esta consideró en su día que las medidas impuestas a E.ON eran contrarias a la libertad de movimiento de capitales y a la libertad de establecimiento.
