La Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamaron ayer a España una estricta y rigurosa supervisión de la solvencia de la banca española. Esta vigilancia reforzada es esencial para garantizar que el saneamiento logrado del sector bancario gracias al rescate europeo se mantiene y se evita el riesgo de nuevas recaídas por la prolongación de la recesión, precisaron las tres instituciones conocidas como la troika.
La insistencia en un continuado "diagnóstico de la evolución de la calidad de los activos" bancarios y en la aplicación de "provisiones adecuadas para las pérdidas en los créditos" reflejan el convencimiento de las tres instituciones de que la banca española requerirá nuevas recapitalizaciones ante la persistencia de la recesión, el elevado endeudamiento de empresas y familias y la prolongación del ajuste en el sector inmobiliario.
Tras la visita de inspección realizada a España del 21 al 31 de mayo, las tres instituciones concluyeron que las medidas incluidas en el memorando del rescate bancario de 40.000 millones se están aplicando según lo previsto. Tanto la situación del sector financiero como del mercado de deuda pública han mejorado respecto a la situación anterior a ese rescate bancario y los ratios de solvencia de las entidades financieras españolas "están por encima de los mínimos requeridos en la regulación", precisaron en el balance de la visita de inspección.
En estas conclusiones preliminares, la Unión Europea (UE) y el FMI insistieron en que deben cambiarse y reforzarse los procedimientos de supervisión del Banco de España y que deben aplicarse las reformas previstas en el sistema de gestión de las cajas para que vayan abandonando gradualmente sus participaciones en los bancos comerciales. El informe completo de la inspección se hará público inicialmente a finales de mes.
Dada la grave y prolongada recesión que padece España, las tres instituciones subrayaron en sus conclusiones preliminares que es imprescindible una "supervisión estrecha" y "firme" del sector bancario para preservar la solvencia de las entidades financieras ante el previsible deterioro adicional de la calidad de sus créditos y el aumento del riesgo de préstamos fallidos.
HIPOTECAS Y DESAHUCIOS La Comisión Europea y el BCE insistieron en que se vigile que la nueva legislación española sobre hipotecas y desahucios no dañe la estabilidad financiera de las entidades. "La aplicación de la nueva ley sobre hipotecas y desahucios debe controlarse para evaluar si el equilibrio entre las justificadas preocupaciones de los deudores hipotecarios y las preocupaciones imperativas de la estabilidad financiera es adecuado o si se requieren ajustes para garantizar la estabilidad financiera", precisan las dos instituciones europeas.
El FMI, por su parte, puso el énfasis en reclamar a las autoridades españolas que vigilen que las exigencias de recapitalización de la banca y de provisiones adicionales se apliquen de forma que no contribuyan a exacerbar la actual restricción de créditos que ahoga la economía.
El FMI precisó que las recientes decisiones del Banco de España para reforzar las provisiones de los créditos refinanciados van en la dirección correcta. "Una rigurosa aplicación de esos criterios debería ayudar a garantizar provisiones adecuadas para las pérdidas en los créditos", destacó la institución.
El banco malo Sareb "se enfrenta ahora al reto fundamental de gestionar con éxito y desprenderse al final de su cartera de activos en el marco de unas condiciones todavía muy difíciles del mercado inmobiliario en España", destacaron el BCE y la Comisión Europea.
La situación económica en España sigue planteando un reto difícil, insistieron las dos instituciones. Mientras se corrigen los desequilibrios internos y externos, persisten "riesgos" debido "al elevado paro, a la contracción de la actividad económica, el todavía elevado nivel de deuda privada y externa y el rápido crecimiento de la deuda pública", señalaron la Comisión Europea y el BCE. Por ello, reclamaron que el Gobierno de Mariano Rajoy aplique de forma acelerada las reformas económicas, laborales y de la propia Administración que reclamó el Ejecutivo comunitario el pasado 29 de mayo. La Comisión Europea volverá a insistir personalmente a Rajoy sobre esta cuestión mañana durante su visita a Bruselas.
