Y ahora, Cuba. A las profundas tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump se le suma un nuevo eje. Washington anunció ayer que, a partir del 1 de mayo, los ciudadanos estadounidenses, incluyendo cubanos nacionalizados, podrán presentar demandas en su país contra compañías que hacen negocios en propiedades que fueron confiscadas tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959.
Desde Bruselas se ha advertido de que la UE «se verá obligada a usar todos los medios a su disposición» para responder a esa medida que se considera «contraria al derecho internacional», entre los que están una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), informa Silvia Martínez. La nueva política de EEUU fue anunciada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y detallada en un discurso que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, dio en Miami para marcar el aniversario de la frustrada invasión de Bahía de Cochinos en 1961.
Lo que se ha decidido es «enviar una poderosa señal» y empezar a aplicar el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso estadounidense en 1996, que contempla la posibilidad de demandar en el sistema judicial estadounidense a las empresas extranjeras que hacen negocios en Cuba con propiedades expropiadas por la revolución cubana. Según cálculos del Departamento de Justicia, 5.913 demandantes tienen casos potenciales y el valor estimado de sus reclamaciones, con intereses, alcanza los 8.500 millones de dólares.
Bill Clinton acordó una prórroga para no aplicar el Título III tras negociar con los europeos (que retiraron una demanda presentada ante la OMC) y los canadienses, y todas las Administraciones desde entonces habían ido aprobando prórrogas cada seis meses. Trump, no.
