La Unión Europea (UE) tiene previsto incrementar el plazo mínimo de estabilidad de las empresas y de las infraestructuras para garantizar el buen uso de las ayudas comunitarias que conceda de los cinco años exigidos a siete años a partir del 2007.
El proyecto de nuevo reglamento sobre el fondo europeo de desarrollo regional, del fondo social europeo y del fondo de cohesión refuerza en su artículo 56 los mecanismos de control y devolución de las ayudas comunitarias previstas en la normativa.
El proyecto, elaborado por la Comisión Europea, condicionará la ayuda comunitaria a que la operación cofinanciada no sufra en el plazo de siete años una modificación importante en su naturaleza o su puesta en práctica.
El texto cita como inaceptables el cambio de la propiedad de la infraestructura, el cese de la actividad productiva y la obtención de una ventaja indebida.
En estos casos, las ayudas deberán devolverse y los Estados serán responsables de la recuperación de las mismas. Según el proyecto, no podrán beneficiarse de los fondos europeos las empresas con un expediente abierto por deslocalizar su actividad en un mismo Estado o a otro, tras recibir ayudas europeas.
