El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) asestó ayer un duro golpe a la estrategia gubernamental para frenar la compra de compañías energéticas clave españolas por parte de grupos extranjeros. El Tribunal de la UE declaró ilegales los poderes especiales concedidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en febrero del 2006 para imponer condiciones a E.ON y a AccionaEnel en la compra de Endesa.
La sentencia da la razón a la Comisión Europea y señala que el régimen de autorización previa de la CNE constituye una restricción a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento, garantizados por el Tratado de la UE. La sentencia destaca que ese sistema otorga un poder discrecional "difícilmente controlable" por los tribunales, que entraña un "riesgo de discriminación".
INJUSTIFICADO El tribunal subrayó que España no ha demostrado que el sistema de control establecido sea una medida adecuada para garantizar la seguridad del suministro energético. "El régimen español de autorización previa es desproporcionado en relación al objetivo perseguido", precisa la sentencia, porque no se limita a fijar condiciones relacionadas con la seguridad del suministro, sino que concede a la CNE "la capacidad de tomar en consideración otros objetivos de política energética que no están necesariamente relacionados con la seguridad del suministro".
La mera adquisición de participaciones o activos en empresas energéticas no puede, en principio, considerarse una amenaza real y suficientemente grave para la seguridad del suministro de energía, argumentó el tribunal. "Además, el régimen establecido no permite asegurar que la seguridad del suministro quede garantizada si surge una amenaza real y grave para este suministro después de que se haya concedido la autorización de la operación", añadió. La sentencia indica que ese objetivo podría haberse logrado por otros medios menos restrictivos, como un sistema de declaraciones a posteriori.
