La Unión Europea (UE) aprobó anoche una ayuda externa de 67.500 millones de euros para salvar a Irlanda de sus actuales apuros financieros, condicionados a un estricto programa de ajustes y reformas, en especial laborales y del sector bancario. La UE acordó además conceder a Irlanda un año más de plazo, hasta el 2015, para reducir su déficit público del actual 32% del producto interior bruto (PIB) al 3%.
El programa de ayuda financiera irlandés ascenderá en total a 85.000 millones, pero Irlanda contribuirá a financiar el mismo con 17.500 millones procedentes de sus fondos de pensiones y de sus reservas de capital. Por ello, la ayuda externa que recibirá se limitará a 67.500 millones.
TIPO DE INTERES La UE aportará 45.000 millones y el Fondo Monetario Internacional (FMI) los 22.500 millones restantes. El tipo de interés que deberá pagar Irlanda por esa ayuda se fijará la semana próxima, según indicó el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn. España contribuirá con unos 2.600 millones en avales, precisó la vicepresidenta económica, Elena Salgado.
Unos 10.000 millones de esos fondos serán inyectados de inmediato para mantener a flote el fallido sistema bancario irlandés y otros 25.000 millones estarán preparados para ser usados "si es necesario" para completar el saneamiento bancario, según aseguró el presidente del Eurogrupo, el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker.
El programa de reformas y ajustes, cuyos detalles aprobarán los ministros de Economía de la UE el 7 de diciembre, impondrá sacrificios a una parte de los titulares de bonos de los bancos irlandeses en dificultades.
Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro consensuaron también los ejes del futuro mecanismo permanente de resolución de crisis aplicable a partir de mediados del 2013 para tranquilizar a los inversores internacionales. Los mercados, inquietos por las ideas de Alemania, estaban penalizando desde mediados de octubre a Irlanda, Grecia, Portugal, España, Italia y otros países que tienen un déficit o deuda pública elevados.
Los ministros acordaron que los bancos e inversores privados de un país en apuros solo deberán contribuir al coste de su salvamento en el caso extremo e "improbable" de que ese país sea insolvente y no pueda hacer frente al pago de su deuda o sus intereses, explicó Juncker.
La utilización del mecanismo de ayuda financiera en sí mismo no implicará inicialmente ningún sacrificio para los acreedores privados de ese país en apuros, a los que se pedirá simplemente que mantengan sus posiciones. La contribución de los bancos e inversores privados al coste de rescate de un país solo se producirá "caso por caso" si se produce esa insolvencia, en el marco de un plan de reestructuración de su deuda pública en línea con las prácticas habituales del FMI, añadió Juncker. Ni Grecia ni Irlanda, por ejemplo, se han encontrado en esa situación de insolvencia.
Este acuerdo elimina el carácter automático de contribución de la banca al rescate de un país, como pretendía imponer inicialmente Alemania. La cancillera alemana, Angela Merkel, aceptó flexibilizar su postura tras unas negociaciones telefónicas con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet.
Salgado destacó que el encarecimiento de la deuda española comenzó a subir precisamente cuando Merkel hizo sus propuestas. Tanto Trichet como Salgado consideraron "muy oportuna y acertada" la clarificación.
Los ministros, la Comisión Europea y el BCE confiaban anoche en que ambos acuerdos devuelvan hoy la tranquilidad a los mercados financieros.
