La Unión Europea (UE) ha aprobado el paquete legislativo que introduce por primera vez un sistema de estricto gobierno económico, con sanciones semiautomáticas a los países de la zona euro que se muestren laxos en el control del déficit y la deuda pública y que no corrijan sus desequilibrios económicos.

El Parlamento Europeo ha ratificado el texto final de las nuevas normativas que endurecen el pacto de estabilidad y amplían la supervisión presupuestaria y económica de la zona euro. Los socialistas, los verdes y la izquierda unitaria han votado en contra de parte del paquete legislativo por considerar que se pone demasiado énfasis en la reducción del déficit y demasiado poco en el crecimiento y la creación de empleo.

El nuevo sistema de supervisión económica y presupuestaria comenzará a aplicarse a partir de enero, cuando se verifique por parte de la Comisión Europea si los países de la zona euro han cumplido las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE el pasado julio.

Con la nueva normativa, los países cuyo gasto público crezca demasiado y su déficit público se aleje de la senda del equilibrio serán amonestados y si no adoptan medidas correctoras a muy corto plazo podrán ser sancionados aunque su déficit público sea inferior al 3% del producto interior bruto (PIB).

Los países que no reduzcan su deuda pública a un ritmo adecuado para situarla por debajo del límite del 60% del PIB también podrán ser sancionados, aunque su déficit público sea inferior al techo del 3%. Los países que no adopten las medidas recomendadas para rebajar también su déficit público excesivo serán asimismo sancionados de forma más contundente que ahora.

Las sanciones se aprobarán a menos que haya una mayoría cualificada que vote en contra en el Consejo de Ministros de la UE. Las sanciones ascenderán al 0,2% del PIB. En la fase preventiva tendrán la forma de depósito, que se transformará en multa irrecuperable cuando el déficit supere el 3% y no se adopten las medidas necesarias para corregirlo.

El nuevo sistema implicará también una vigilancia de los desequilibrios económicos internos (burbujas inmobiliarias, pérdidas de competitividad, déficit comercial). A los países que se les detecte un desequilibrio económico grave, se les exigirá que adopten una serie de reformas concretas para corregirlos. Si no hacen caso de esas recomendaciones de sus socios, se les impondrá también una sanción equivalente al 0,1% del PIB.