La Comisión Europea decidió ayer presentar una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el retraso de un año del Gobierno en modificar la legislación española para penalizar la morosidad comercial. El Ejecutivo hasta ahora ha hecho caso omiso a la advertencia formal del 30 de septiembre del 2002 y del dictamen conminatorio del 6 de febrero.
Fuentes empresariales señalaron que la presión de las grandes empresas adscritas a la patronal CEOE sobre el ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha evitado que el Gobierno legisle en esta materia. España es uno de los países de la UE donde existe más retraso en el pago de los productos o servicios, en especial por parte de la Administración pública.
