La Comisión Europea volvió ayer a quejarse de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tiene "poderes demasiado discrecionales" para analizar las fusiones, lo que no garantiza un proceso "justo y transparente". El Ejecutivo comunitario recordó que por este motivo abrió un expediente contra España a principios de mayo. Las manifestaciones de la Comisión Europea se produjeron un día antes de que el regulador energético comenzase a deliberar sobre la opa de la alemana E.ON sobre Endesa.
El portavoz de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario, Oliver Drewes, aseguró que tenía constancia de que el Gobierno español había enviado su respuesta al requerimiento que se le había hecho dentro de este procedimiento de infracción. El expediente se abrió tras ampliar el Gobierno las funciones de la CNE y extenderlas al análisis y aprobación de operaciones impulsadas por empresas extranjeras como E.ON. Drewes se mostró confiado en que la respuesta de España llegaría a Bruselas "en cuestión de horas". "La Comisión la analizará con cuidado e informará al Gobierno español sobre si para el caso o lo continúa en el Tribunal de Justicia", dijo.
PRINCIPIOS VULNERADOS No obstante, señaló que la decisión "no se tomará, con toda probabilidad, antes de principios de septiembre", ya que es imprescindible realizar un "análisis legal" de los argumentos presentados por España. Drewes explicó que el procedimiento de infracción contra España se abrió porque Bruselas creía que "la Comisión de la Energía tenía demasiados poderes discrecionales, lo cual no garantiza que haya un proceso transparente y justo". "Eso vulnera, desde nuestro punto de vista, al menos dos principios básicos del tratado: la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento", recalcó.
Por su parte, el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Michael Mann, desmintió que la comisaria Neelie Kroes tuviera ya preparada una decisión para anular el dictamen de la CNE sobre la opa de E.ON. "No puedo confirmarlo, puedo negarlo. Nosotros vamos a esperar y ver qué dice el regulador español", indicó.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, exigió al Gobierno que no interfiera en la actuación de la CNE, y aseguró que su grupo será "respetuoso" con la deliberación de la CNE, aunque recalcó que las nuevas funciones del organismo regulador son "cuestionables".
Pujalte calificó de "absolutamente sorprendente" que el Ejecutivo "esté negociando la resolución de la CNE con una determinada empresa", en referencia a E.ON. "El Gobierno está imponiendo el criterio a un órgano regulador independiente. Nos parece intolerable", indicó.
