La Unión Europea (UE) se prepara para mover ficha y proteger sus derechos comerciales ante la parálisis de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que vivirá su peor crisis desde su creación hace 24 años. La falta de acuerdo en la renovación de dos de los tres jueces que todavía tenían mandato hasta este 10 de diciembre por el bloqueo de EEUU hará que hoy miércoles deje de funcionar el órgano de apelaciones de la institución, que permite resolver los contenciosos internacionales, dejando en el limbo al menos una decena de casos pendientes.
La administración de Donald Trump no ha dado su brazo a torcer y el comisario europeo de comercio, Phil Hogan, ultima su respuesta con propuestas para reforzar el arsenal de medidas de la UE y sancionar a los países que adopten medidas comerciales ilegales o intenten bloquear el sistema. La administración de EEUU llevaba más de dos años bloqueando la renovación de los miembros de este tribunal de arbitraje.
El último intento, este pasado lunes, terminó en fracaso lo que significa que la OMC, con un solo juez con mandato en vigor, no estará en disposición de garantizar el derecho de apelación. «Es un golpe lamentable y muy serio contra el sistema comercial internacional basado en reglas que durante los últimos 24 años ha confiando en el órgano de apelaciones», lamentó Hogan sobre una corte clave para resolver contenciosos como el de Airbus y Boeing.
La UE teme que con el órgano de apelaciones fuera de juego se pierda un sistema de solución de conflictos que entiende ha garantizado de forma «independiente», tanto para países grandes como pequeños, la aplicación de las reglas de forma imparcial. «Es un momento crítico para el multilateralismo y el sistema de comercio mundial», insistió el comisario irlandés que en los próximos días presentará propuestas para sancionar a los países que vulneren las reglas de la OMC.
La idea no es nueva. Ya figuraba en la carta del mandato de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según el diagnóstico hecho por Bruselas, se considera crucial un paquete de reformas para las tres funciones del organismo con sede en Ginebra: como productor de reglas comerciales, supervisor de las políticas y prácticas comerciales de los países y como solucionador de disputas.
