La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se reunirá en los próximos días con el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para solicitarle que inicie una investigación sobre la política de fijación de precios que están aplicando las grandes cadenas de distribución, unas prácticas que a su juicio están acentuando la subida de precios de los productos básicos y están fomentando las grandes diferencias entre lo que perciben agricultores y ganaderos y lo que pagan los consumidores en los establecimientos comerciales.
Durante el encuentro, que todavía no tiene fecha concreta de celebración, la organización agraria además entregará al fiscal un informe con los "escandalosos abusos" y márgenes de beneficios que se están generando en la distribución comercial. Tal y como publicó este diario en su edición del pasado domingo, los agricultores y ganaderos están cobrando por la leche, la carne de vacuno o el trigo para pan hasta cuatro veces menos de lo que cuestan en las tiendas.
Para intentar poner remedio a esta situación, UPA también tiene previsto reunirse hoy con el Consejo de Consumidores y Usuarios. El objetivo es crear una alianza entre productores y consumidores para iniciar acciones conjuntas que permitan frenar estas tendencias y defender unos "precios justos para todos".
Desde esta asociación se considera que los principales perjudicados de la crisis son los agricultores, los ganaderos y los consumidores; mientras que intermediarios y grandes cadenas de distribución comercial se están beneficiando de la situación, al "aplicar abusivos márgenes comerciales sin que las administraciones intervengan para poner límites". Según UPA, son numerosas las explotaciones familiares ganaderas que se están viendo obligadas a cerrar ante la imposibilidad de seguir produciendo por debajo de los márgenes de rentabilidad.
Además, defienden la creación de una ley que regule los márgenes comerciales y registrar en el etiquetado de los alimentos el precio pagado al productor junto al precio final de venta.
