La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) exigió ayer de nuevo al Ministerio español de Agricultura (MAPA) la supresión del certificado veterinario, obligatorio para el sacrificio de bovinos, ovinos y caprinos desde su implantación, en enero de 2001, con motivo de la crisis de las vacas locas.
UPA considera que durante los dos años de vigencia de este certificado "se ha demostrado que resulta ineficaz porque no aporta ninguna garantía adicional en el control de la encefalopatía espongiforme bovina, por lo que es inútil mantenerlo".
Para la organización agraria es "prioritario" que el nuevo real decreto, que regulará la vigilancia y control de las encefalopatías transmisibles de los animales suprima la obligatoriedad del certificado. Añade que este requisito "no figura en la normativa comunitaria, no ha aportado seguridad alimentaria alguna, ni ha mejorado los sistemas de control", aunque especifica que "sí ha supuesto un aumento de la burocracia y de los costes que soportan los ganaderos, afectando negativamente a la renta de los mismos".
Como media se están cobrando 15 euros por certificar un animal bovino. Desde su implantación, el sector ha perdido en concepto de certificados veterinarios una cantidad que supera los 40 millones de euros.
