Prohibir es un término del que hay que estar muy seguro a la hora de lanzarlo en una propuesta. La pasada semana, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez tuvo que dar marcha atrás (por segunda vez) en su propuesta de prohibir la venta de coches de combustión ya sean diésel, gasolina, híbridos o de gas a partir del 2040, y su circulación a partir del 2050.

Cuando a principios de año la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, hizo circular por primera vez esa idea en un borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la propuesta chocó frontalmente con el muro de la industria del automóvil (que representa el 10% del PIB de España). Los responsables del Gobierno socialista tuvieron entonces que rectificar y decir que solo era una posibilidad para establecer un criterio en la lucha contra el cambio climático. La pasada semana la idea resucitó en la propuesta de 300 puntos que el PSOE lanzó a Podemos para tratar de buscar un acuerdo de gobierno. Como la otra vez, el ejecutivo no tardó ni 24 horas en asegurar que esa propuesta no existía.

UN ERROR INVOLUNTARIO / «Fue un error», una especie de descuido, según argumentó la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto. Acto seguido retiraron la palabra «prohibición» del argumentario para optar por «tomar las medidas necesarias para que no más tarde de esa fecha (2040), los turismos y vehículos comerciales tengan unas emisiones de cero gramos de dióxido de carbono por kilómetro». Al parecer el documento que se entregó a Podemos (casualidad o no) incluía realmente ese punto. «Nosotros nunca hemos hablado de prohibición», dijo Maroto, el problema es que la propuesta entregada era un borrador no definitivo.

La reacción de los fabricantes de automóviles, a través de todas las asociaciones, Anfac, Aniacam, Faconauto, Sernauto y Ganvam, fue fulgurante y rápidamente trasladaron de nuevo su malestar al gobierno en funciones. Desde el ministerio abogaron nuevamente por el diálogo y la apuesta por una transición ordenada fomentando la producción, la matriculación y la exportación de vehículos.

EL TRATADO DE PARÍS / Todo este vaivén tiene el punto de partida en la necesidad de acercarse al cumplimiento de lo establecido en el Tratado de París de cara al 2050, que aboga por las cero emisiones de CO2. La norma, sin embargo, abre un debate intenso a nivel industrial. Mantener la rentabilidad y abordar la transición rápida a la electrificación obliga a los fabricantes a inversiones millonarias que chocarán, a buen seguro, con multas no menos cuantiosas cuando en el 2021 no se cumplan los requisitos establecidos por la Unión Europea en materia de emisiones (95 gramos de media de CO2 por kilómetro). Pese a ello, el tema de la prohibición de los carburantes está lejos de producirse. La comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, aseguró recientemente que «bajo la actual normativa de la Unión Europea, una prohibición completa de la comercialización, importación y matriculación de coches nuevos de gasolina y diésel en un Estado miembro no es compatible con la ley de la UE». Tal vez por eso al gobierno en funciones no le costó dar marcha atrás.

Desde la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), su presidente Carlos Tavares (presidente también del Grupo PSA), señaló esta semana la necesidad de encontrar la colaboración de los organismos políticos a la hora de buscar un acuerdo global de transformación del sector del automóvil. Tavares señaló que «es necesario lograr soluciones junto a los organismos políticos», abogando por una línea de trabajo seria que lleve a una electrificación del parque automovilístico europeo en el 2050. Un objetivo ambicioso mientras no se solvente el tema de la red de recarga y no se legisle al respecto.

La ACEA defiende que la movilidad eléctrica juega un papel crucial en la descarbonización del transporte por carretera de cara a lograr los objetivos medioambientales, pero que para ello es urgente que desde Bruselas se garantice el derecho a conectarse a la red eléctrica. «Las instituciones europeas deben apostar por el acceso a la recarga», señalan desde ACEA, algo que no todos los países de la UE están hoy por hoy en condiciones de ofrecer.