Vodafone España ha comunicado a los representantes de los trabajadores -los sindicatos UGT, CCOO y STC- la apertura de un procedimiento de despido colectivo que afectará a un máximo de 1.200 empleados de los alrededor de 5.100 que tiene la filial de la empresa inglesa en España, es decir, casi el 25% de su plantilla.
La operadora ha justificado la medida por razones económicas, productivas y organizativas, debido al actual contexto de mercado en el que el 50% de las altas brutas se basan en ofertas medium o low cost lo que provoca que tenga que preparar una estructura de costes adecuada para poder competir en todos los segmentos. Además, las actuales expectativas de los clientes, que «exigen una relación ágil, sencilla e inmediata», le llevan a buscar un modelo organizativo «más simplificado».
Vodafone España lleva unos meses de evolución negativa con una caída de sus ingresos del un 3,2% -2.421 millones de euros- en el primer semestre de su año fiscal (1 de abril al 30 de septiembre) y una reducción de 7,5 puntos porcentuales de su resultado bruto de explotación (ebitda) que se situó en 22,4%. De hecho, la matriz del grupo redujo en 2.900 millones el valor contable de su filial española.
Los sindicatos UGT, STC y CCOO han mostrado su rechazo al ERE en un comunicado conjunto en el que culpan a la compañía por su «mala gestión» en la toma de decisiones como la fusión con ONO, la renuncia al fútbol o la contratación de demasiado personal.
Este es el tercer ERE de la compañía en los últimos siete años, después de los despidos producidos en los años 2013 y 2015. Este último se produjo tras la fusión entre Vodafone España y ONO que supuso el despido de alrededor de 900 trabajadores de manera voluntaria y 200 forzosos tras un acuerdo firmado por la empresa con los sindicatos UGT y STC, no por CCOO que presentó varias demandas en la Audiencia Nacional contra los despidos que no prosperaron.
La empresa tiene ahora 15 días para constituir la mesa de negociación y a partir de ahí se inicia un periodo de consultas que tendrá una duración de un mes en la que tratar de alcanzar «el mejor acuerdo posible» para todos.
