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Editorial

Alerta contra el maltrato infantil

 

En este 2019 se han dado algunos casos gravísimos de maltrato y violencia infantil que han acabado, desgraciadamente, con la muerte de menores. Los episodios de Pineda de Mar (Cataluña), con un bebé de dos meses fallecido, y del asesinato de dos hermanos en Godella (Valencia) presuntamente a manos de sus padres son la punta del iceberg de una problemática que se desarrolla muchas veces en la intimidad del entorno familiar y que no es denunciada sino en un porcentaje muy inferior a la realidad de los hechos. Según los datos del Ministerio del Interior, cada día 37 niños son maltratados, una cifra que se basa en las denuncias por delitos violentos contra menores, teniendo en cuenta que, según la propia ministra de Sanidad, solo sale a la luz una quinta parte de los abusos.

En los dos últimos años se han detectado un 90% más de casos de maltrato a raíz de las alertas médicas formalizadas en hospitales. No se trata de un aumento específico de la violencia, sino de un afloramiento de esta lacra social a causa de una mayor sensibilización y especialización de los servicios de asistencia, atentos - través de organismos como la Unidad Funcional de Abusos al Menor-- a las evidencias o a las sospechas que denotan la existencia del maltrato.

Estamos hablando de diversas casuísticas, entre las cuales destacan el abuso sexual y la violencia física, ya sea como consecuencia de la falta de responsabilidad paternal o de un castigo corporal infligido a conciencia. Sin olvidar, por supuesto, un territorio más oscuro aún, el del maltrato psicológico o la negligencia. En el primero de los supuestos, se ha detectado la aparición de tipos de agresores como las nuevas parejas de la madre o como adolescentes menores que aprovechan su prevalencia sobre las víctimas. En los otros, tanto se da la violencia por una falta de educación parental como por la más execrable demostración del poder heteropatriarcal.

Uno de los factores clave para acabar con este drama es tanto la pedagogía como la prevención y la detección precoz de situaciones anómalas, en el entorno colectivo (escuelas, sanidad, servicios sociales) y más allá del ámbito familiar. El anteproyecto de ley orgánica para la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, presentado por el Gobierno del PSOE, ha quedado archivado hasta después de las elecciones. Es una prioridad de primer orden que debe quedar al margen de polémicas partidistas.