Los costes de la burbuja inmobiliaria que estalló en España a partir del 2009 aún son visibles: miles de familias perdieron su vivienda por no poder pagar la hipoteca que les habían concedido o por no poder asumir las sucesivas subidas de los alquileres, miles de trabajadores del sector de la construcción y sectores conexos quedaron en paro, cientos de empresas quebraron y dejaron enormes deudas al fisco y a la banca, el sistema de cajas de ahorro se hundió y una parte de la banca tuvo que venderse a bajo precio o salvarse con dinero público. El panorama fue desolador y las secuelas aún son el mejor antídoto contra la creación de una nueva burbuja inmobiliaria. El Banco de España y el propio sector de la construcción vigilan que no sea así. Sin embargo, aparecen algunos datos inquietantes que dan alas al alarmismo.

Los datos generales descartan que estemos en precios e incrementos anuales iguales o superiores a los del 2007, el punto álgido de la burbuja inmobiliaria. En Extremadura, en concreto, estamos muy por debajo en la media nacional. Pero ya se sabe que las medias tienen siempre un sesgo. Madrid y Barcelona, y más concretamente algunos barrios de las dos ciudades, presentan algunos indicadores ciertamente preocupantes. Se debe, principalmente, a las presiones de la inversión extranjera, atraída por el atractivo turístico y de servicios de estas dos grandes urbes.

El alquiler de pisos turísticos está dando hoy rentabilidades imposibles de alcanzar en casi ningún otro sector, más desde que los productos financieros han perdido fiabilidad y las carteras industriales están amenzadas por las guerras comerciales y los problemas derivados de la inestabilidad de las divisas. El drama derivado de esta atracción de inversión inmobiliaria es que limita la capacidad de compra de las familias que no pueden competir con quienes están dispuestos a pagar por un piso lo que sea porque luego van a poder cobrar lo que quieran por alquilarlo. Es eso que llamamos gentrificación, la expulsión de los ciudadanos locales a manos de los turistas y los inversores. Y que solo se puede revertir con políticas públicas de estímulo de un parque de viviendas publicas que queden al margen de la presión inversora y tensen el mercado a la baja. Como han advertido algunos estudios económicos, la principal desigualdad que sufren los españoles no es en las rentas sino en los precios.