En el mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de una nueva ley de educación (la octava desde la instauración de la democracia). Promovida por el PSOE con el respaldo de Unidas Podemos, ha acusado el impacto de la pandemia, puesto que todavía está en fase de ponencia en el Congreso. En este periodo se ha mantenido su filosofía esencial: combatir la segregación escolar, flexibilizar la superación de curso para combatir el fracaso escolar, reducir el peso de la enseñanza de la religión, suprimir las reválidas y apostar por una estructura menos homogeneizada. A todo ello se añade que, tras una enmienda de ERC, el proyecto prevé ahora que el Bachillerato pueda cursarse en tres años para evitar el abandono temprano y aumentar la tasa de alumnos graduados que deriven hacia la FP superior. Se ofrecerá, también, un nuevo tipo de opción, que será una combinación de las tres ya existentes, un modelo mixto de contenidos combinados para aquellos alumnos sin una trayectoria clara de especialización. En unos tiempos de incertidumbre, se percibe aún más claramente la necesidad de disponer de itinerarios que ofrezcan alternativas, no trabas eliminatorias, a todos los alumnos.